En España casi nadie niega que, además de la económica, hay una crisis política que está dificultando la solución de muchos de los problemas que han provocado que nuestra situación sea peor que la del resto de la UE. Hoy quiero comentar una actuación del Concello de Ferrol que, a mi juicio, muestra uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis política: la falta de lealtad entre las instituciones. Me refiero a la aprobación por el pleno de una moción sobre el caso Garzón que ha provocado la intervención del Fiscal General del Estado. Es evidente que esa moción respondía a una estrategia de algunos partidos políticos y sindicatos que orquestaron una campaña a favor del juez que sonroja a cualquiera que tenga algo de respeto al poder judicial.
Espero que el resultado de esta actuación de la Fiscalía sirva para recordar a los grupos políticos que aprobaron la moción (con su preámbulo) qué líneas rojas no se pueden cruzar y, además, para que el alcalde reconsidere su afirmación de que esa actuación judicial cuestiona el espíritu democrático de una ciudad que dudo esté mayoritariamente de acuerdo con cierto tipo de adjetivos dirigidos al Tribunal Supremo, porque lo único que refleja esa actuación del Fiscal es la posibilidad de que un grupo de concejales haya actuado sin el obligado respeto a uno de los poderes del Estado. Últimamente hemos asistido a un espectáculo impensable en un país que presume de democracia y de Estado de derecho, uno de cuyos pilares es la separación de poderes. Ministros presentes en actos en los que se injuria a algunos magistrados del Tribunal Supremo, un presidente autonómico convocando y presidiendo una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional o el pleno de un Ayuntamiento aprobando el tipo de moción que comento, son ejemplos de actuaciones que tendrían que merecer el rechazo contundente de los ciudadanos, que sí respetamos las leyes, nos gusten o no.