El socio privado vota a favor de la disolución de la empresa pero la mayoría del gobierno lo impide
22 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los socios privado y público de Emafesa volvieron a chocar ayer en defensa de sus intereses. Socamex, la filial de Urbaser que ostenta un 49 % de la participación de la empresa mixta de aguas ferrolana, ejecutó lo que ya anticipaba el orden del día de la junta extraordinaria de accionistas y el posterior consejo de administración de ayer: la petición de la disolución de la sociedad. Lo argumentó en el balance económico de la empresa en la que el Concello ostenta el 51 % y la inexistencia de ingresos por las tareas de depuración de las aguas residuales. Y muestra de la desconfianza hacia el Ayuntamiento exigió, una vez más, la presencia de un notario para que levantase acta de la junta. Pero los representantes municipales, mayoría en los órganos de Emafesa, -además del alcalde, son consejeros los concejales Suso Basterrechea, Álvaro Montes y Luis Victoria- votaron en contra de esa disolución, bloqueando la medida.
Contradiciendo lo defendido la víspera, cuando Jorge Suárez aseguró que el tema no estaba sobre la mesa y que no iban a poner ningún obstáculo si la parte privada quería dejar la empresa, el regidor defendía ayer que no había causa para la disolución de Emafesa por tres razones: que el balance no está auditado oficialmente, porque asegura que una auditoría propia «pon en dúbida os gastos acometidos pola empresa» y porque la Xunta de Goberno Local aprobó la creación de un grupo de trabajo para evaluar las cuentas justificativas presentadas por Emafesa sobre el coste de la depuración desde su activación en abril. Hasta el momento, incidió, solo se han comprobado los de ese mes, y se devolvieron «na súa integridade por defectos tanto formais como de fondo».
Ante esta situación, el socio privado podría hacer valer su postura recurriendo a la vía judicial, lo que abocaría a un largo y tortuoso proceso. La única forma de evitarlo y de llegar a un acuerdo antes con Socamex pasa por contar con una tasa de saneamiento. Y ahí entra el problema político. El gobierno de Suárez suspendió la tasa que había dejado aprobada y en vigor el PP y garantizó que se impondría una nueva, ajustada a los costes reales del servicio. Pero todavía no ha llegado. Y después de cinco meses y medio con el saneamiento a pleno rendimiento no se ha ingresado ni un euro por este concepto: ni vía tasa ni a través de fondos propios del Ayuntamiento, como se comprometió el gobierno mientras no hubiese tributo.
Posibles soluciones
Las dificultades para llegar a un acuerdo con la oposición, como demostraron los cuatro intentos frustrados de sacarla adelante en pleno y la premura de contar con la tasa, abren la posibilidad de otra solución que el gobierno local viene rumiando desde hace meses y que confirmaban a La Voz fuentes del ejecutivo de Suárez ya en junio: restituir la tasa anterior, la del gobierno popular -suspendida, pero no derogada- esgrimiendo que ahora sí se da el hecho imponible de la depuración. Una vía con una elevada factura política pero que se vería como un mal menor ante una situación que puede derivar en responsabilidad patrimonial, e incluso penal, para miembros del gobierno, según advertía un informe de Intervención en esas fechas.
Además, Concello y Socamex tendrán que llegar a un acuerdo sobre los costes del saneamiento entre 2014 y la primavera del 2017, porque aunque no de forma integral, el sistema funcionó en sus fases iniciales. El actual gobierno entiende que el Ayuntamiento no debe asumir ese coste. «Nós oporémonos con toda a firmeza a abonar o que non corresponda co que ten que ver con abril en adiante», aseguraba ayer Suárez, que no descartaba ayer «ningunha acción administrativa ou incluso xudicial para tratar de salvar o interese público municipal». Además, considera que ayer quedó acreditado que el concurso de acreedores que planteaba Socamex «non é posible».