El antiguo edil de Cultura presentó la denuncia, una entre muchas, que provocó la investigación sobre el exalcalde
28 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.José Antonio Sánchez Penas, un antiguo capataz forestal que trabaja en la Seguridad Social, es el hombre que presentó la denuncia sobre la urbanización de Someso que ha llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña a investigar la relación empresarial entre el exalcalde Francisco Vázquez y el presidente de la patronal, Antonio Fontenla.
Pero la demanda que ha puesto bajo la lupa judicial la gestión de su antiguo jefe, Sánchez Penas fue concejal de Cultura en el mandato municipal iniciado en 1983, no fue un golpe quirúrgico, sino un impacto tras muchos guantazos al aire, porque desde que salió de la corporación, Sánchez Penas ha denunciado en múltiples ocasiones al Ayuntamiento, al Puerto y a otras entidades de la ciudad, aunque los tribunales han decidido investigar en muy contadas ocasiones.
En febrero del año pasado, el exconcejal ya había presentado al menos seis denuncias ante diversas instituciones, desde el Tribunal de Cuentas a los Juzgados de lo Contencioso contra el Puerto. Alguna de ellas incluso llegó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Todos los procedimientos fueron archivados, aunque eso no evitó que en el último año presentase varias denuncias más que corrieron la misma suerte. Según fuentes del Puerto, en algunos casos los tribunales incluso le han aplicado el pago de las costas.
En el caso del Ayuntamiento, el listado de demandas es mucho mayor, tanto que es difícil tener la cuenta exacta. Sánchez Penas denunció varias veces los trámites para la implantación de Nostián, la concesión del mercado de la plaza de Lugo, la instalación de bolardos en la Ciudad Vieja (que investiga la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), Emalcsa...
En el caso de Someso, el exedil también denunció ante el Tribunal de Cuentas. El ente estatal abrió diligencias preliminares. No se conoce su resultado, aunque acaba de archivar las que abrió tras una denuncia similar del Ayuntamiento.
Análisis José Antonio Sánchez Penas