El Gobierno se empeña en silenciar todo aquello que le molesta. Su argumento es que se trata de distracciones que perjudican la Marca España y enturbian la recuperación económica. Ocurre que lo que realmente daña la imagen del país es la sucesión de escándalos que afectan a las principales instituciones del Estado y que nunca son suficientemente aclarados. Esconder la cabeza bajo el ala, como el avestruz, nunca es una estrategia adecuada. Los problemas no se disipan en el olvido. Al contrario, acaban resurgiendo con más fuerza y a menudo en el momento más inoportuno.
Pero, sobre todo, se trata de una maniobra inadmisible. Porque sacrificar la legalidad en el altar de la conveniencia es el mayor ataque a la democracia. Y para aquellos dispuestos a renunciar a los principios, es incluso una cuestión de razón práctica. El daño que el caso Urdangarin está causando a la monarquía es evidente, pero el que está generando a España es incalculable, al extender la idea de que las instituciones públicas están al servicio de intereses particulares. Y eso perjudica la competitividad del país tanto o más que los costes laborales.
Hay que ventilar las instituciones para acabar con el oscurantismo, el gran lastre de la monarquía. Sus ejercicios de transparencia son siempre tardíos, forzados e insuficientes. Y eso les resta valor. Nada hay de malo en que el rey haga un préstamo millonario a su hija. El problema es que se haya ocultado, siendo relevante para una causa judicial, que se revele solo en respuesta a una filtración y que no se aclaren las circunstancias. Con ello se abren nuevos interrogantes. Darles respuesta no es una distracción, es una necesidad para evitar daños aún mayores.