Los nuevos impuestos elevan en más de un euro el coste del trayecto Vigo-A Coruña desde el martes
GALICIA
El acuerdo adoptado ayer por la Xunta y las diputaciones provinciales de A Coruña y Pontevedra se ve empañado por la inminente aplicación de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, incluida por el Gobierno de Aznar el pasado día 20 en la Ley de Acompañamiento para el 2002, que obliga a multiplicar por dos el IVA de los peajes a partir del 1 de enero. El dictamen del juzgado europeo también afecta a países como Francia e Inglaterra. Hasta ahora, en España, las tarifas de las autopistas estaban gravadas con un 7% de IVA, porcentaje que subirá hasta el 16% en el 2002 para los conductores de utilitarios en todas las comunidades, según explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda. Ese incremento se unirá a la subida del IPC registrada entre octubre del 2000 y el mismo mes del 2001, situada en un 3,8%. Los nuevos impuestos (IVA e IPC) aumentarán el precio del viaje entre A Coruña y Vigo en 176 pesetas (1,06 euros), un incremento que sería sólo de 48 pesetas (0,29 euros) si se mantuviera el 7% de IVA como hasta el 2001. Así, a partir del 1 de enero, viajar por la A-9 entre Vigo y Santiago costará a los usuarios 103 pesetas (0,62 euros) más que en el 2001 y entre Santiago y A Coruña, 72 pesetas (0,43 euros). Los usuarios catalanes no pagarán la subida Mientras los conductores gallegos deberán asumir la subida de los dos impuestos, los catalanes sólo harán frente a la del IPC. El gobierno de Jordi Pujol se ha negado a que sean los usuarios los que asuman el incremento del IVA hasta el 16%, tal y como manda el Tribunal de Luxemburgo y ahora la nueva Ley de Acompañamiento del 2002. Ayer, el conseller de Política Territorial y Obras Públicas catalán, Felip Puig, tranquilizó a los conductores catalanes y reiteró, tras una reunión con el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que la subida de los peajes no repercutirá en sus bolsillos. Lo que todavía no ha definido Cataluña es el modo en el que la comunidad sufragará el impuesto. En medio de la polémica, Cascos evitó ayer pronunciarse y dejó el problema en manos de Hacienda.