La UE es incapaz de aprobar sanciones penales contra los vertidos en el mar

España volvió ayer a convertirse en el fiel aliado de la Comisión Europea, y casi en el único, para defender que se apruebe sin mayor dilación la directiva que fija un régimen de duras sanciones financieras y penales contra los responsables de la contaminación marina. No obstante, la mayoría de los socios comunitarios, con Grecia, Holanda y Reino Unido a la cabeza, pretenden que esta normativa tenga que ser aprobada por unanimidad para podarle así las alas y vaciarla de contenido. El Ejecutivo comunitario se apresuró a mostrar su «preocupación» al comprobar que el Consejo de Ministros de Transportes pasaba casi de puntillas por el primer punto del orden del día: la aplicación de sanciones penales por contaminación marina, la única propuesta novedosa lanzada por la Comisión tras el hundimiento del Prestige. Esta directiva «es lo único que nos falta para tener una buena normativa sobre seguridad marítima», insistió el portavoz de la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio. Aunque lo único que se produjo ayer fue un pequeño debate para que los ministros pudiesen tomar nota del estado de los trabajos, bastó para comprobar que las posturas en torno a la directiva siguen todavía muy enfrentadas, tanto en el fondo como en la forma. «Nosotros pedimos que se acelere el debate lo más posible», manifestó el subsecretario del Ministerio de Fomento, Adolfo Menéndez, «pero se mantienen las posiciones de octubre». Menéndez aludía a la anterior reunión ministerial celebrada en Luxemburgo, en la que España defendió casi en solitario que este asunto siguiese en el ámbito del Consejo de Transportes, frente a la mayoría, que exigía remitirlo al Consejo de Justicia e Interior. Esta cuestión no es en absoluto banal, ya que las decisiones en Transportes se adoptan por mayoría cualificada -podrían prosperar, aunque Grecia, Holanda y Reino Unido votasen en contra-, mientras que los acuerdos en el ámbito de Justicia requieren la unanimidad de todos los países. Por lo de pronto, De Palacio logró salvar el primer obstáculo y mantener la directiva que lleva su firma en Transportes. Pero siguen abiertas cuestiones cruciales, como la ya citada, o incluso la definición de quién debe ser objeto de sanciones por provocar un vertido voluntariamente o por negligencia grave. Británicos, griegos, holandeses y alemanes ciñen la responsabilidad al armador y al capitán, mientras el grupo de países liderado por España, en que se sitúan Francia y Portugal, aboga por extenderla a las sociedades de clasificación y a los dueños de la carga.

---

---

---