Hay protestas por los retrasos excesivos, por disconformidad con las valoraciones e incluso por la falta de sensibilidad de las autoridades de la Xunta. Las quejas relacionadas con la lentitud en la aplicación de la ley de la dependencia se han convertido ya en una de las principales materias de trabajo de la institución del Valedor do Pobo, que dirige Benigno López, quien ayer recriminó a la Administración autonómica la «demora das prestacións máis alá dos xa xenerosos prazos» fijados en la normativa, al tiempo que alertó con tono grave que cada vez hay más constancia de dependientes que fallecen sin percibir nunca las ayudas que les corresponden por derecho.
Benigno López trasladó ayer a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, la memoria que cada año elabora el defensor de los gallegos, relativa al 2008, en la que se constata un incremento «notable», dijo, en el número de reclamaciones relacionadas con la ley de dependencia. Y señaló que «agora mesmo, no 2009, está a constituír a materia máis ampla» de la que se ocupa su oficina.
El alto comisionado del Parlamento tramitó el año pasado un total de 102 quejas, la mayor parte asociadas a los casos de dependencia, frente a las 52 que se recibieron en el 2007. El número de recursos al Valedor se ha duplicado claramente, lo que provocó que la entonces Vicepresidencia de Igualdade e Benestar ocupara el tercer puesto en la Xunta en cuanto a reclamaciones recibidas, solo superada por las consellerías de Sanidade y de Educación, que siempre están en los primeros puestos del ránking.
«Desgusto comprensible»
El Valedor remarca en su informe que la ley fija un plazo máximo de un año para resolver la valoración de dependencia (seis meses) y el plan de atención o ayuda correspondiente (otros seis), que la Administración casi siempre incumple provocando un «importante grao de desgusto que resulta perfectamente comprensible».
Es más, el documento dice con crudeza que la Xunta «non parece compadecerse» de la situación perentoria que sufren muchas familias por este asunto y de la ansiedad que se genera con estas tramitaciones. Por ese motivo, el defensor considera que «debería contemplarse un procedemento de urxencia», siempre que esté debidamente justificado, para resolver las prestaciones aunque sea de forma provisional.
Benigno López también insistió en que la Xunta debería abonar, con carácter retroactivo desde la valoración del dependiente, los atrasos generados, incluso aunque el beneficiario falleciera durante la tramitación. El valedor recordó que le trasladó al bipartito una recomendación en este sentido, que fue rechazada, y que se la reiteró al nuevo Gobierno sin que por ahora haya recibido noticias.