Alberto Núñez Feijoo accedió a la presidencia de la Xunta en plena recta final de la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El nuevo presidente tenía que sentarse a debatir en una mesa en la que sus contertulios llevaban años tejiendo estrategias y articulando alianzas. Ante reto tan complejo, Núñez Feijoo pecó entonces no se sabe si de inexperiencia o de exceso de confianza. Habló con Zapatero y este le garantizó que tendría tiempo sobrado para estudiar toda la documentación, ponerse al día y participar en esa negociación en igualdad de condiciones.
De su primera visita a La Moncloa, Feijoo salió rendido ante la capacidad seductora de un presidente del Gobierno que le prometió que Galicia no perdería peso en el nuevo modelo y que se tendrían en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población a la hora de repartir los fondos. Apenas aterrizado en Santiago, empezó a barruntar que lo habían engañado tras comprobar que Zapatero prometía lo mismo a todos los presidentes autonómicos. Con menos fondos, si ninguno perdía sería difícil cuadrar las cuentas.
La Xunta no suma apoyos
Llegó la negociación final y Feijoo constató que jugando en primera era mejor dejar el jogo bonito, optar por el modelo agresivo y evitar en lo posible las patadas del adversario. Ni le dieron más tiempo ni Galicia salió mejorada. En esas condiciones, casi fue un éxito que la por entonces también inexperta conselleira de Facenda se levantara de la mesa en las mismas condiciones en las que entró. Ni un euro más ni uno menos, pero la dispersión y el envejecimiento seguían sin contar apenas.
Aquel episodio del que Feijoo salió ileso por muy poco, estaba justificado por la bisoñez de la nueva Xunta. Pero quince meses después, esa excusa pierde valor. Feijoo, que por otra parte es ya un veterano de la política y sabe cómo se las gastan en Madrid desde sus tiempos en Sanidad y en Correos, sigue cayendo en el error de vender optimismo injustificado, al estilo Zapatero, antes de las negociaciones clave en Madrid. El pasado martes, minutos antes de sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se mostraba optimista ante la posibilidad de que el Gobierno accediera a aplazar el pago de 2.600 millones de euros que la Xunta cobró de más en los anticipos a cuenta del 2008 y el 2009. Aseguraba que muchas comunidades, incluidas algunas socialistas, se iban a sumar a su propuesta. No era extraño que pensara así, porque por la mañana el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, había asegurado sentado junto a Feijoo que su comunidad necesitaba un aplazamiento para hacer frente a esa devolución.
Fue entrar en la reunión y no solo Extremadura y el resto de las comunidades socialistas se quedaron mudas, sino que solo tres autonomías gobernadas por el Partido Popular se sumaron al planteamiento de Feijoo. La cara de la conselleira de Facenda a la salida del consejo era parecida a la de alguien a quien ha timado un trilero en la Gran Vía.
Feijoo y Fernández Currás deberían saber ya que hablándose de dinero, en política autonómica no hay aliados y manda el tonto el último. Y, por otra parte, también que si el Gobierno ha tomado una medida tan políticamente costosa como congelar las pensiones para sacar 1.500 millones de euros difícilmente va a renunciar, con razón o sin ella, a ingresar 2.600 a corto plazo si le ampara la ley.