Además de los casos de las multas y la trama de prostitución, otras instrucciones concitan la máxima atención a la espera de que su resolución pueda deparar consecuencias políticas de calado. La imputación del conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, por la supuesta certificación de una obra no acabada, es uno de los que más confrontación política genera, pero no menos que la denominada trama de las vallas de Ourense, en la que se vieron implicados tres cargos del BNG; la trama agraria, en la que está por ver la imputación de altos cargos del PSOE; la malversación de subvenciones por la que ya ha tenido que responder el actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez; por no citar el caso Gürtel, en el que el PP no sale bien parado al estar implicado el ex secretario de Organización de los populares gallegos, Pablo Crespo. En total, son 19 las causas que siguen abiertas en los tribunales contra políticos y que mantienen la incertidumbre para 35 cargos elegidos e institucionales. En esa fase se encuentran además el alcalde de Dozón (por supuestas irregularidades en la autorización de obras); el de O Grove (por posible tráfico de influencias); el de Castro de Rei (defectos presupuestarios); el de Muxía (se investiga un fraude en subvenciones para pagar a una agente electoral); el de Melide (certificación de obras no acabadas); el de Moeche (doble cobro de dietas), así como los regidores de Rairiz de Veiga, Calvos de Randín y el anterior de Fene.
Absueltos
Mejor suerte acaba de correr la presidenta del Puerto de Vigo, Corina Porro, que ha visto cómo la Justicia anuló esta semana su imputación por la ampliación de un muelle, dejando así vía libre a su carrera electoral por la alcaldía. En fase de sobreseimiento está también la causa por la que se investigó por supuesta corrupción urbanística al alcalde de Mugardos (BNG) y a diez profesionales más. Los regidores de Calvos de Randín, Trazo, Melón, Redondela, Dozón (en dos de las tres causas que afronta) o los anteriores de A Guarda y Sada también lograron su absolución o archivo, circunstancias ambas que en los últimos cuatro años beneficiaron a 28 políticos gallegos.