La investigación sobre la relación entre Antonio Fontenla y el exalcalde coruñés arrancó en noviembre del 2011
27 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El trámite urbanístico que llevó en noviembre del 2011 a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña a abrir diligencias penales para investigar la relación empresarial entre el exalcalde Francisco Vázquez y el presidente de la patronal, Antonio Fontenla, forma parte de la urbanización de Someso, iniciada en 1987.
El asunto arranca con un convenio firmado aquel año entre la Xunta y el Ayuntamiento para construir los accesos al polígono comercial de Pocomaco. Las obras afectaron a un campo de fútbol, el del Relámpago F.?C., y los vecinos exigieron que se construyese otro. Con ese fin, el alcalde, Francisco Vázquez, dictó una providencia el 12 de abril de 1989 para que se adquiriesen «todos los terrenos afectados al precio que pedían los propietarios». El proceso estuvo marcado por numerosas «irregularidades», según un informe redactado por funcionarios municipales y encargado por el actual gobierno local del PP.
La Xunta solo utilizó 11.200 de los 44.673 metros cuadrados adquiridos por el Ayuntamiento para los accesos de Pocomaco. En el resto debía haberse levantado el nuevo campo del Relámpago, pero la obra nunca se empezó y el PGOM de 1998 recalificó esas fincas como suelo urbanizable programado incluidas en el llamado sector 7.
Comenzó la urbanización y el 15 de enero del 2002 se constituyó la junta de compensación, presidida por Antonio Fontenla. El informe municipal achaca a ese proceso una larga serie de presuntas irregularidades, incluyendo la posible falsificación de certificados del secretario, que tuvieron un coste millonario para el Ayuntamiento. Una de ellas es la adjudicación directa a la junta de compensación del 10 % de los terrenos que correspondían al Ayuntamiento para levantar viviendas de protección. Un proceso, dice el informe, que «incumple todos los requisitos establecidos».
El informe municipal estima que la urbanización causó pérdidas patrimoniales directas al Ayuntamiento de casi 20 millones. Además, las arcas municipales debieron indemnizar con ocho millones más a antiguos propietarios, aunque los pleitos aún en curso podrían elevar el gasto total en compensaciones a más de 20 millones. Pese a todo, el informe concluye que no es posible «individualizar» al culpable de las irregularidades.