La Audiencia exonera también a los miembros del consejo de administración del ADIF
06 nov 2013 . Actualizado a las 18:08 h.Ni el interventor que realizó la llamada que prácticamente desencadenó el accidente. Ni los cinco responsables de seguridad del ADIF con competencias en el tramo del accidente. Ni el responsable de Seguridad en la Circulación -Andrés Cortabitarte- que señalizó la línea Santiago-Ourense antes de su inauguración y aceptó desconectar el ERTMS embarcado en el Alvia. Ni los 21 miembros del consejo de administración desde que se abrió el trazado, entre los que están el actual presidente del ADIF, Gonzalo Ferre, y sus dos predecesores, así como el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, por ser vocal del consejo. La decisión comunicada ayer por la Audiencia de A Coruña de dejar sin efecto las imputaciones de las personas que integraron el consejo y del exdirector de Seguridad en la Circulación devuelve la instrucción del caso Alvia al punto de partida: el maquinista del tren, acusado de 79 homicidios imprudentes, es de nuevo el único imputado por el accidente ferroviario de Santiago.
Las decisiones consecutivas de la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Santiago, consistentes en limpiar de imputados el organismo encargado de velar por la seguridad ferroviaria supone un vuelco en la estrategia de instrucción del juez Luis Aláez. Y demuestra la importancia de que el fiscal del caso se separara en este punto del rumbo de la investigación, mostrándose contrario a que se imputara a cargos del ADIF con los datos y pruebas que se habían recopilado hasta ahora en la causa.
El auto con el que el órgano de apelación levanta la imputación a estos 22 cargos -entre ellos tres miembros destacados de la cúpula de Fomento- es prácticamente un calco del que exoneraba a los cinco responsables de seguridad del ADIF y que fue notificado el lunes. Se reitera que la decisión de buscar responsabilidades penales en el entorno del administrador es «prematura y carente de base suficiente», aunque deja abierta la puerta a que se siga investigando para comprobar si en el tramo de Angrois, con una reducción brusca de velocidad de 200 a 80 por hora, se precisaban medidas adicionales de seguridad. Pero siempre buscando un consenso técnico que lo determine, en referencia al trabajo de los tres peritos judiciales, una labor paralizada al negarse a abonar la Xunta los presupuestos que presentaron en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.
Suspensión de declaraciones
El primer efecto del levantamiento de las imputaciones será la suspensión de las declaraciones de estas 22 personas, que iban a tener lugar entre el 13 y el 22 de noviembre y entre el 11 y el 13 de diciembre, aunque no se descarta que buena parte de estos cargos sean llamados a declarar como testigos.
Aunque la Audiencia admite que un suceso como el Alvia puede tener «diversos autores», lo que legitima la línea de investigación multicausal del juez Aláez, considera que la señalización en la zona era acorde con la normativa -o al menos no hay respaldo técnico para decir lo contrario- y atribuye al maquinista la desatención de los distintos hitos en una ruta con la que se suponía familiarizado. «Bastaba mirar hacia delante y prestar atención para percibir y saber, en un margen mínimo, de muy pocos segundos, dónde estaba exactamente el tren y a qué distancia estaba el cambio de velocidades máximas, para así adoptar la decisión que correspondiera sobre la maniobra de frenado», constata el auto.
La Audiencia también entra en la eventual ausencia de fundamento al llamar a declarar a unos miembros del consejo que delegaron sus competencias de seguridad en los técnicos. Solo sería admisible, alegan, si los presidentes y vocales de los sucesivos consejos tuvieran conocimiento «de un riesgo ilícito» y no ejercieran sus deberes de control para evitarlo. Según los magistrados de la Audiencia, no hay datos de que existiera ese conocimiento «concreto», por lo que no se justifican la imputaciones.