La Xunta asegura que no le afectó el desvío de fondos del empleado de banca

M. Cheda / Sofía Vázquez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Recalca que la mayoría de las cantidades defraudadas fueron de los años 2007 y 2008

24 ene 2014 . Actualizado a las 17:37 h.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se vio ayer en la obligación de responder sobre el papel de la Administración autonómica tras conocerse que un empleado de NCG había desviado fondos correspondientes a instituciones públicas y a particulares a cuentas personales, caso que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago. La Xunta no sufrió «ningún quebranto dos seus fondos públicos e recuperou a cantidade total máis os seus intereses», explicó Feijoo.

Según su versión, tras detectar la irregularidad se puso en conocimiento del banco, «hai meses, e recuperou a cantidade e os intereses que lle correspondían como consecuencia dese depósito en determinadas contas periféricas da Xunta de Galicia».

Según los datos ofrecidos por el presidente de la Xunta, la mayoría de las cantidades defraudadas se correspondieron con los años 2007 y 2008.

«Supoño -apuntó Feijoo- que a que terá que investigar será a entidade bancaria, que pasou con esa persoa que lle causou un quebranto. Terá que solucionar un problema interno».

La entidad se ha personado en la causa contra Jesús Martínez Iglesias, un empleado que, según la investigación abierta, pudo haber desviado solo desde las arcas de la Xunta 4,3 millones de euros, una cantidad que se suma a otras hasta alcanzar los seis millones de euros. Sin embargo, aunque el único imputado de la causa reconoce desvíos, asegura que no fueron en esa cantidad tan elevada, dejando así entrever que había terceras personas implicadas.

Jesús Martínez desvió el dinero para cuentas que disponía en otras cuatro instituciones financieras (Bankinter, Gallego, Caixabank y Banco de Galicia). Tenía como destino, entre otras, a la empresa Martínez Cebreiro, S.?L., una sociedad relacionada con la construcción y que habría entrado en pérdidas millonarias con el estallido de la crisis inmobiliaria.

Sin embargo, ni en los informes de la policía, ni en la documentación presentada ante la juez que lleva el caso se detalla dónde está el dinero desviado tanto a las instituciones públicas como a los particulares y que asciende a un total de 6 millones de euros. Personas próximas al imputado descartan que el dinero esté en alguna cuenta en el extranjero, como en algún momento se sospechó.