Tras la desimputación de altos cargos de ADIF, parece que el juez quiere sustentar las nuevas imputaciones en un consenso técnico de los peritos judiciales
18 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El hecho de que el juez atribuyera al ADIF un interés comercial y lucrativo en las decisiones que confluyeron en la modificación de la seguridad en la curva de Angrois es de una relevancia indudable. Y quizás por eso llame la atención que todo se quede de momento en un declaración de intenciones. Tras la desimputación, antes de que declararan, de los miembros del consejo de administración del ADIF, parece que el juez Aláez quiere sustentar las nuevas imputaciones -pocos dudan que las habrá- en un cierto consenso técnico de los peritos judiciales, algunos de los cuales -los propuestos por la Xunta- son cuestionados por los abogados de las víctimas por su presumible falta de independencia al ser funcionarios de la Administración autonómica. Por ello les pide que adelanten parte de sus conclusiones, para ver si puede reforzar su línea de investigación desde el ámbito técnico e implicar a cargos de seguridad del ADIF o, incluso, a miembros del consejo de administración.
Este presunto interés comercial en el que se basa el juez surge en un primer momento en la comparecencia del presidente del ADIF, Gonzalo Ferre, el pasado 8 de agosto, cuando explica que en junio del 2010 se consideró que el tiempo de operación de los dos cambiadores de ancho inicialmente previstos «impedía ofrecer ventajas en el servicio». Y añadía que el paso por los dos cambiadores «producía una distorsión innecesaria a la explotación». El tiempo que se tardaba en pasar por estos dispositivos reducía el ahorro de tiempo, que finalmente fue una hora menos entre Santiago y Ourense.
Más adelante, en un documento aparentemente redundante aportado por el ADIF, se explica que esos cambiadores eran las fronteras entre el sistema más seguro (el ERTMS) y el ASFA, por lo que esta transición se hacía de forma más controlada.
El otro aspecto que puede ser relacionado con un supuesto interés comercial es la decisión de desconectar el ERTMS embarcado en el Alvia en junio del 2012, pues cuando este sistema fallaba el tren tenía que ir a muy baja velocidad, con el consiguiente retraso. Son la confluencia de estas dos decisiones donde el juez sitúa la foto fija del accidente más allá de la cabina del Alvia.
En realidad, el ADIF carece de un interés comercial directo en la línea -indirecto sí, a través del canon de explotación-, así que solo Renfe, que apenas participó en las decisiones más relevantes, tendría ese objetivo. Habrá que dilucidar si el juez se refiere a un interés estrictamente comercial o se trata de una expresión más amplia para incluir factores políticos, como puede ser el móvil electoralista por mejorar una conexión ferroviaria que estaba en la agenda gallega de todos los partidos.