Los alcaldes alertan de que el documento de Gallardón puede mermar el acceso a la Justicia

s. lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

10 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El municipalismo gallego sumó ayer su voz de rechazo a la que también ha alzado el Gobierno autónomo contra el anteproyecto de reforma judicial de Gallardón, que tal como está planteado llevaría a la eliminación de 41 de los 45 partidos judiciales de la comunidad. La junta de portavoces de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) expresó su oposición a esa supresión. Tanto el presidente del órgano municipalista, el ferrolano José Manuel Rey (PP), como los tres vicepresidentes, entre ellos los que representan a PSdeG y BNG, advirtieron de que la posible centralización de los servicios en las capitales de provincia «pode dificultar o acceso á Xustiza de moitos galegos». El municipalismo gallego vuelve así a cerrar filas contra una ley del Gobierno de Rajoy, como ya hizo con motivo de la reforma local.

Rey Varela subrayó la oposición a ese borrador aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros. «Queremos trasladar aos alcaldes que estamos á beira das súas reivindicacións para manter unha Xustiza de proximidade, que sexa igual para todos, con independencia de onde vivan», destacó. El presidente de la Fegamp, que resaltó la unidad del municipalismo en defensa de los derechos de los vecinos y «sen importar a cor política», advirtió también que no aceptarán «de ningunha maneira» una reforma que considera que puede mermar un derecho constitucional como es el acceso a la Justicia. Rey destacó que, además de los alcaldes, también colectivos profesionales del ámbito judicial y el Gobierno gallego rechazan la reforma. «Alívianos saber que a Xunta demanda cambios, na dirección dunha atención concreta ás necesidades de Galicia».

Actividad comercial y biomasa

La Fegamp presentó dos ordenanzas marco referidas a la concesión por los concellos de licencias exprés para actividades comerciales, servicios y urbanismo, y a la gestión de biomasa en el ámbito local, que desarrollan sendas leyes autonómicas.