La Xunta suprime el polémico complemento salarial, devolverá en cuatro años toda la extra del 2012 y anulará el recorte de sueldo a su plantilla entre el 2016 y el 2018
05 dic 2014 . Actualizado a las 11:12 h.El trago amargo que, según los sindicatos, supondría digerir la Lei do Emprego Público no será tal. O al menos no lo será tanto. Porque, a última hora, el Ejecutivo autónomo, con el objetivo de endulzar esa polémica norma, ha decidido incorporar a su articulado una reivindicación clave de los agentes sociales: la eliminación del llamado plus de altos cargos. En paralelo, el texto compromete la creación de un fondo retributivo especial dotado de 350 millones de euros para el próximo cuatrienio. En aplicación de este último, los trabajadores de la Xunta recibirán toda la paga de Navidad suprimida por el Gobierno central en el 2012, no solo la cuarta parte inicialmente anunciada. Además, en el 2016 comenzarán a recuperar el complemento específico de las extras gracias a un sistema progresivo en virtud del cual, a partir de enero del 2018, quedará anulado todo el recorte salarial que padecen desde el 2013.
Tras veinte meses de negociaciones, un poco de barbecho y un mucho de tortuosa tramitación, el proyecto de ley recibió ayer luz verde en la reunión semanal del Ejecutivo, si bien no entrará en vigor hasta su discusión y posterior aprobación en el Parlamento, lo cual tomará unos meses. Por sorpresa, incluye algo a lo que el propio Alberto Núñez Feijoo se había venido negando abiertamente en varias ocasiones, la última, el 2 de octubre: la derogación del plus de altos cargos. Consiste en un complemento del sueldo de entre 3.500 y 14.000 euros brutos por ejercicio que beneficia a personal público que haya ocupado un puesto elevado en la Administración durante dos años consecutivos o bien tres alternos. En el 2007, cuando en San Caetano mandaba el bipartito, fue bendecido en la Cámara de O Hórreo por PSOE, BNG y PP, si bien este último partido suspendió su abono a principios del 2012.
Simplificando mecanismos, la norma supondrá también que la plantilla de la Xunta cobre en el 2015 un 25 % de la extra retirada en diciembre del 2012, en el 2016 otro cuarto, en el 2017 igual cantidad y en el 2018 la misma suma. En paralelo, en el 2016 comenzará a percibir aproximadamente un tercio del complemento específico actualmente invalidado, en el 2017 el doble y al ejercicio siguiente el triple. Dicho de otro modo, a partir del 2018 cesará el ajuste retributivo por culpa del cual en estos momentos los profesionales de la Administración gallega están ingresando en sus cuentas, como promedio, un 70 % de las extras, o sea, entre un 2 y un 6 % menos del bruto anual que teóricamente les correspondería.
Realizado al alimón por Feijoo y su conselleira de Facenda, Elena Muñoz, el anuncio cogió de improviso a los sindicatos. No obstante, sus líderes coincidieron en calificarlo de «electoralista».
En declaraciones recogidas por las agencias Europa Press y Efe, el representante de CC.OO. para estos asuntos, Emilio Doforno, criticó que la redacción final de la ley difiera de la presentada a los agentes sociales, por lo que reclamó volver a discutirla. «Esto es para intentar no perder los comicios y supone un cambio de criterio», denunció CSIF por boca de José Brunete. «Saben que las encuestas no les pintan bien -espetó la CIG a través de Roberto Varela- e intentan dar golpes de efecto». Finalmente, José Vázquez (UGT) lamentó que el Parlamento vaya a conocer el articulado al mismo tiempo que él.