Gayoso asegura que el Banco de España les ordenó provisionar las prejubilaciones
GALICIA
Defiende la «transparencia clarísima» de los pagos, que el supervisor conocía
10 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«El Banco de España estuvo informado antes, durante y después» de los contratos que hicieron posible las indemnizaciones millonarias con las que los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia abandonaron la entidad en septiembre del 2011. Fue la argumentación central del excopresidente de la caja fusionada, Julio Fernández Gayoso, en su declaración como imputado ante el juez Alfonso Guevara en la Audiencia Nacional.
De hecho, explicó que había sido el supervisor quien había ordenado que se provisionaran las prejubilaciones. «Es el Banco de España quien lo pide, porque no quiere ni oír hablar de avales», indicó. Y es que desde la caja fusionada se habían remitido en verano del 2011 al supervisor unos borradores (sin firmar y, por tanto, sin oficializar) con los desestimientos de los cuatro directivos implicados por la inminente bancarización de la caja. Y con la oferta de no hacerlo si les ofrecieran incorporarse al nuevo banco (con Castellano al frente) en el mismo puesto. Esto evitaría que la caja tuviera que provisionar el importe de las prejubilaciones (casi 30 millones), cubriéndolo simplemente con un aval. Pero la opción fue rechazada, según Gayoso.
Su declaración corroboró las versiones de los imputados que le precedieron ante el tribunal (el abogado Ricardo Pradas y el ex director general adjunto Javier García de Paredes) y que defendieron la legalidad y la transparencia de los citados contratos de alta dirección, así como que no se habían modificado para percibir una mayor remuneración a su salida de la entidad, cuando esta se transformó en banco.
El interrogatorio de la Fiscalía, al que Gayoso respondió sentado -a petición de su defensa, debido a su edad, 84 años, y su estado de salud- giró en torno a la gestación del nuevo contrato que se le realizó a García de Paredes y también sobre los desestimientos de los ejecutivos, cuándo los decidieron y si el Banco de España conocía los detalles.
Durante casi hora y media (y su declaración proseguirá hoy), quien fuera máximo responsable de Caixanova insistió en que él había sido el responsable de que le se extendieran al único alto cargo procedente de Caixa Galicia las mismas condiciones contractuales de los otros tres directivos provinientes de Caixanova (José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán).
Un acto «de justicia»
«Que se haga un contrato al directivo que viene de Caixa Galicia en condiciones similares a los que hay en Caixanova es un acto de absoluta justicia», respondió a la enésima pregunta de la fiscala Pilar Melero sobre quién decidió la mejora del contrato de García de Paredes. Gayoso precisó que en ambas cajas «no existían los mismos conceptos retributivos y que por ese motivo se homologan las condiciones laborales con motivo de la fusión. De otro modo habría sido inviable».
Negó también la tesis de Fiscalía que sostenía que, además de cambios en los contratos para cobrar mayores prejubilaciones, se hubieran hecho de espaldas a los órganos de administración y control de la caja fusionada y del Banco de España. Reiteró que «el consejero que quiso ver los contratos, los vio», y el organismo supervisor estuvo informado. Fue «un ejercicio de transparencia clarísimo», dijo.
En idéntico sentido que sus predecesores ante el juez, Gayoso insistió en que ninguno de los ejecutivos acusados querían irse de la entidad al transformarse esta en banco (septiembre del 2011), y que los informes solicitados primero y los borradores de las cartas de desestimiento después solo respondían a la «incertidumbre» que había sobre su futuro. Eran una mera posibilidad hasta que en septiembre se confirmó que no tendrían encaje en el nuevo equipo de Castellano.
Amarga queja del juez: «¡Aquí ya no hay ni secretario!»
El magistrado de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, encargado de juzgar este caso, volvió a dar cuenta ayer de su fama. Cortó durante varias veces los interrogatorios y se quejó amargamente de la falta de medios. «¡Aquí ya no hay ni secretario ni agente judicial! Los que modifican la Ley de Enjuiciamiento solo se han preocupado de cambiar el nombre. El presidente se va a tener que levantar hasta a llamar a los testigos. ¡Esa es la modernización de la Justicia!».
Se vio obligado a hacer un receso ante las repetidas dificultades técnicas, como los problemas para localizar archivos informáticos con diligencias solicitadas por las defensas. «Yo ya soy mayor, pero todavía lo entiendo: el CD tiene cositas dentro y hay que verlo», bramó, después de ordenar a la funcionaria que actuaba como oficial que llamara «a Prim, que venga alguien a ayudarla». En la madrileña calle Prim está hoy la sede de la Audiencia Nacional mientras duran las obras de rehabilitación del edificio de Génova, obras que han obligado a celebrar los juicios en San Fernando de Henares, a decenas de kilómetros de la capital, lo que incomoda a no pocos jueces. De las amonestaciones y regañinas del enjuto, malhumorado y siempre polémico Guevara no se libró nadie. Hoy, a las diez, reanuda la sesión.