En su escrito de acusación no hace ni una sola mención a la gestión de la seguridad del ADIF, para el que solicita 1,3 millones de indemnización por daños causados en las vías
28 oct 2015 . Actualizado a las 01:35 h.Sin sorpresas sobre lo que se esperaba, el fiscal del caso Alvia, Antonio Roma, presentó ayer su escrito de acusación por el accidente ferroviario de Santiago, coincidiendo con el estreno del documental de las víctimas en la Seminci de Valladolid, cuestión que fue interpretada como una «contraprogramación» por parte de los afectados por el siniestro. Fiel a su estrategia procesal desde el minuto uno de las diligencias, la Fiscalía no ha recurrido el auto de cierre de la instrucción del juez Andrés Lago Louro, y ha presentado directamente su escrito de acusación, en el que pide cuatro años de cárcel para el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, al que considera autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y otros 144 delitos de lesiones. También solicita su inhabilitación especial para conducir trenes durante seis años.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, solicita una indemnización global para víctimas directas y familiares de fallecidos que asciende a 42,89 millones de euros, que debería abonar QBE, la aseguradora de Renfe, como responsable civil directa de los daños del descarrilamiento. Unos 32,35 millones corresponden a las compensaciones por los 80 fallecimientos y 10,52, para las 144 personas lesionadas en el accidente ocurrido el 24 de julio del 2013 en Angrois. En su escueto escrito de solo ocho páginas, el fiscal no hace ni una sola mención a las posibles deficiencias en la seguridad de la línea, el cambio de proyecto que eliminó de la curva de Angrois el ERTMS -el sistema que pudo haber frenado el tren-, ni la posterior desconexión del software embarcado para evitar los continuos retrasos que provocaba su funcionamiento irregular. Al contrario que el juez instructor que, pese a imputar solo al maquinista, sí asumió en su auto que la seguridad de la vía era «mejorable». Las referencias del fiscal a estos elementos son puramente descriptivas, para atestiguar que en toda la línea estaba operativo el sistema ASFA -que solo frenaría el tren cuando superara el máximo de 200 km/h- y que el ERTMS dejaba de estar desplegado a partir del kilómetro 80, situado 4.300 metros antes del lugar donde descarriló el Alvia a 179 kilómetros por hora en una curva limitada a 80.
Compensación para el ADIF
Una de sus escasas referencias al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es precisamente para pedir una indemnización por los daños provocados en la vía por el tren que opera Renfe, la otra empresa pública en liza. En total, solicita para el administrador ferroviario 1.368.081,38 euros por los desperfectos en la infraestructura. Esta es la razón por la que la Abogacía del Estado seguía personada en la causa, una vez que la Audiencia de A Coruña desimputó a todos los altos cargos del ADIF a los que había inculpado el anterior juez instructor, Luis Aláez.
Queda por ver ahora qué estrategia tomará la aseguradora de Renfe, QBE, en el procedimiento. Hasta ahora mantuvo una clara línea acusatoria contra el ADIF por su gestión de los elementos de seguridad en la vía y su autorización de la desconexión del ERTMS. Sin embargo, parece que existen presiones gubernamentales para que esa actitud procesal no se mantenga hasta el final, y falta por despejar si QBE asumirá sin más ser la única responsable civil del accidente y no compartir con el seguro del ADIF la abultada factura del accidente. De momento ha solicitado una serie de aclaraciones al juez para ganar tiempo y decidir si recurre el auto.