La Academia considera que el decreto ha reducido el uso del gallego en la enseñanza, tanto «cuantitativa como cualitativamente»
18 mar 2016 . Actualizado a las 17:08 h.La Real Academia Galega (RAG) ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al conocido como decreto del plurilingüismo, impulsado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en la enseñanza no universitaria y que supuso la introducción de la impartición del inglés en los centros de Galicia junto con el castellano y el gallego. Según ha informado la Academia, el plenario ha acordado adoptar esta medida en su última reunión «ante la vulneración de los derechos fundamentales» recogidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y en sus protocolos.
Al respecto, la RAG recuerda que estos protocolos «implican» tanto a algunas disposiciones del decreto, como a varias de las decisiones tomadas a lo largo de los procedimientos judiciales seguidos contra esta norma. De hecho, el decreto ha sido elevado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -que anuló dos aspectos-, del Tribunal Supremo -que rechazó ir más allá de la sentencia del anterior- y Tribunal Constitucional -que no admitió a trámite el recurso-.
La Academia defiende que, con este nuevo paso, «asume la solicitud de padres y madres de menores en edad de escolarización» de que siga adelante «en la defensa de sus derechos de igualdad y no discriminación por razón de lengua» ante el Tribunal de Estrasburgo. Por ello, explica, la RAG actuará como representante de las familias, que ya habían pedido amparo a la Academia en el año 2009, cuando el decreto todavía era un proyecto de norma, para «defender el derecho a la educación en la lengua propia».
Menos uso de la lengua
La Academia Galega ha denunciado que el conocido como decreto del plurilingüismo «redujo el uso de la lengua gallega en la enseñanza», tanto «cuantitativamente, como cualitativamente».
En el primero de los ámbitos, la enseñanza pasó de la mitad a un tercio en el currículo escolar y en algunas líneas educativas su uso «incluso se limita a la propia materia de lengua gallega», siendo, en la práctica, «enseñada como un idioma extranjero». En cuanto a los términos cualitativos, elimina el gallego de las materias científicas, «colocándolo en una situación de anormalidad como lengua, al no ser considerada apta para el uso científico».
La RAG ha recordado que, desde su aprobación, decidió agotar «todas las vías judiciales» contra una norma que «infringe la legalidad, lesiona los derechos de las personas gallegohablantes y está en flagrante contradicción con el compromiso que el Reino de España suscribió al firmar la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias».
El propio Consejo de Europa manifestó, el pasado mes de enero, su «preocupación por el efecto negativo de la reducción gradual del gallego» en la enseñanza en Galicia. En su último informe sobre la aplicación de la carta, recuerda la Academia, identifica «problemas importantes», entre los que señala expresamente la disminución de la enseñanza en gallego.
La demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda las advertencias del Consejo de Europa y que el informe recoge el impacto «muy negativo» de la aplicación del decreto, que en la enseñanza infantil supone que el gallego «sólo esté presente en el nivel del 6,57 por ciento en las poblaciones de más de 50.000 habitantes». Así, la Academia también «insta encarecidamente a las autoridades a ofertar educación en gallego en todos los niveles apropiados».
Recorrido judicial
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló parte de dos de los artículos del decreto en una sentencia, que fue en su día recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, esta instancia desestimó esta apelación, en un fallo que trascendió en marzo del pasado año.
La Real Academia Galega (RAG) había presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en marzo de 2013 contra la sentencia del TSXG. Dado que este fallo sólo afectó a la consulta vinculante a los padres sobre el uso del idioma y la libre elección en el aula de los alumnos, sin afectar a otros apartados, la institución académica dirigida entonces por Xosé Luis Méndez Ferrín decidió acudir al Supremo para pedir la «anulación total» de la norma.
Posteriormente, con Xesús Alonso Montero como presidente de la institución, la Academia Galega aprobó el 28 de abril de 2015 elevar ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo.
Sin embargo, el Constitucional no llegó a tramitar el recurso de la institución de la lengua al rechazar admitir a trámite la apelación presentado. El TC sostuvo que no era un «asunto que afectase a los derechos fundamentales» y, de ese modo, no era materia propia de ese tribunal, según explicó en aquel momento el secretario de la Academia, Henrique Monteagudo, al respecto de la decisión.