La Xunta reclama en el juzgado los gastos del traslado de cadáveres de Angrois
GALICIA
Pagó por un informe sobre el accidente del Alvia tres veces más que por el único perito independiente del caso
30 mar 2016 . Actualizado a las 09:47 h.La Xunta acaba de enviar al juzgado que instruye el caso Alvia un informe de 139 páginas en el que se incluyen las facturas de los gastos que ocasionó el accidente de tren en Angrois a las arcas autonómicas. En total, el Gobierno autónomo reclama 273.383 euros y, como no está personado en la causa como perjudicado, pide el reintegro de todos esos gastos en concepto de costas judiciales. En el informe remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago por el subdirector xeral de Medios da Administración de Xustiza, Rafael Juanatey, se incluyen costes de diversa índole, como los pagos al perito independiente que investigó el accidente, distintos informes encargados sobre las causas del descarrilamiento y una factura con los gastos por el levantamiento y traslado de cadáveres, un recibo con fecha de 7 de agosto del 2013 con un importe de 23.309,44 euros. En el accidente murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, aunque al menos dos de los fallecidos reconocidos oficialmente murieron después de su ingreso hospitalario.
Es habitual que las administraciones liquiden por vía judicial los gastos de accidentes de este tipo, que suelen correr a cargo del seguro de la empresa que finalmente sea declarada responsable civil subsidiaria del siniestro. De momento, solo está imputado el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, así que, a falta del auto de la Audiencia coruñesa sobre el cierre de la instrucción, la aseguradora responsable sería la de Renfe: QBE. La discusión estribaría en si este gasto -el relativo a los traslados de cadáveres- no está cubierto por el seguro de viajeros, que corresponde a Allianz, recordaban ayer fuentes del procedimiento.
En cualquier caso, los gastos justificados por la Dirección Xeral de Xustiza sirven para conocer el coste de algunos servicios que la propia Xunta no quiso afrontar en su momento, como permitir que los tres peritos judiciales del caso fueran totalmente independientes. Así, los honorarios del único perito ajeno a la administración, el ingeniero de Telecomunicaciones César Mariñas Davila, suman 42.350 euros. La Xunta alegó en su momento que podía aportar dos técnicos suyos para las otras dos especialidades: el ingeniero industrial -que estudiaría el tren- y el de Caminos, que analizaría el accidente desde distintos puntos de vista. Todo ello sustentado en una normativa autonómica para ahorrar costes judiciales. Pero lo curioso es que uno de los peritos de la plantilla de la Xunta encargó al Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias (Citef) el informe que supone la factura más abultada de todas las presentadas por la Xunta: 133.917,96 euros para el estudio que simulaba el accidente en distintos escenarios y que finalmente se entregó incompleto, pues carece de la simulación dinámica, la más efectiva para analizar el descarrilamiento. Al final la medida de supuesto ahorro terminó siendo más gravosa. El informe costó tres veces más que el único perito ajeno a la Xunta en el procedimiento.
Otro informe encargado a la Universidad de Cantabria suma 36.300 euros, mientras que la inspección mediante ultrasonidos del carril en la curva de Angrois alcanza los 15.584,80 euros. También se reclaman los costes del levantamiento topográfico de la vía (2.783 euros) o la obtención de medidas del tren accidentado (11.979 euros). Todos estos informes fueron aprobados por el juez a solicitud de los dos peritos que aportó la Xunta al proceso. Además, se incluyen distintas facturas que suman 7.159 euros por las tasaciones de objetos de las víctimas del accidente.
Por otra parte, El PP rechazó incluir en el orden del día del Pleno del Congreso de la próxima semana la petición de En Marea, Podemos y el Grupo Mixto para crear una comisión de investigación sobre Angrois. Incluir asuntos de urgencia sin cumplir todos los trámites -en este caso la publicación en el boletín de las Cortes- requiere la unanimidad de los grupos, y el PP se negó alegando que ya se incluyó una petición de urgencia.