El plan de transporte se enfrenta a una ofensiva judicial de los empresarios

El plan de transporte echó a andar hace una semana con algunos inconvenientes para los usuarios provocados por los nuevos horarios, los cambios en las paradas, y la supresión de algunas frecuencias. La Consellería de Infraestruturas trabaja para subsanar estas deficiencias, al tiempo que recordaba por carta a los empresarios que tienen la obligación contractual de informar a los usuarios de las modificaciones en los servicios. El problema es que el plan nació con la oposición frontal de buena parte del sector de los autobuses, capitaneado por las grandes empresas como Monbus y Arriva, y tres de las cuatro federaciones gallegas (Anetra, Fegabús e Transgacar).

Así que el proceso de colaboración no va a ser fácil, más aún cuando los empresarios han lanzado una ofensiva de recursos -tanto administrativos como judiciales- para tratar de paralizar el nuevo diseño de la Xunta. Hay que recordar que la actual situación surge de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2016, que tumbó la prórroga de las concesiones decidida por la Xunta al ser contraria a las directivas comunitarias. Esta decisión forzó esta primera fase del plan tras las renuncias a líneas de las empresas.

Al margen de esta situación -la puesta en marcha de un plan con la oposición de parte de la patronal del sector-, una vez encarrilados los problemas laborales y el proceso de subrogación de empleados, el otro gran examen para los 41 contratos de líneas de autobuses se producirá el 11 de septiembre, cuando se ensaye por primera vez el uso compartido del transporte escolar, cuya contratación pasa ahora a ser competencia de Infraestruturas en lugar de Educación, al convertirse en un servicio regular que, en cualquier caso, tendrá como prioridad a los estudiantes y sus necesidades, manteniendo la calidad del servicio y obligando a que cada autobús lleve su acompañante.

Este es el gran caballo de batalla de los empresarios con la Xunta, pues están en juego 120 millones de euros anuales que, según el sector, el Gobierno gallego pretende recortar compatibilizando viajeros regulares con los alumnos de los colegios públicos.

Para no perder cuota en este jugoso negocio, distintas empresas han decidido recurrir a los tribunales de lo contencioso-administrativo por lo que consideran una «rescisión unilateral» de los contratos del transporte escolar que, en su opinión, están protegidos hasta diciembre del 2020 por la ley del 2009 para modernizar las concesiones de transporte.

La Xunta, por su parte, considera que estos contratos se renuevan anualmente y que esta disposición de la ley del 2009 también fue anulada por la sentencia del Tribunal Supremo. Para el sector, estos contratos fueron extinguidos por la Xunta «para diluir las rutas escolares en las regulares». 

Otros frentes de reclamación

En paralelo a este frente judicial que busca que la Xunta les indemnice por la extinción del contrato, otras empresas del sector han optado por la reclamación patrimonial para compensar las inversiones a las que les obligó la normativa del 2009, consistentes principalmente en la renovación de la flota de vehículos.

Todos estos procedimientos buscan indemnizaciones. De ahí que el más importante de todos los recursos planteados sea el que se presentó ante el Tribunal de Recursos Contractuales que depende del Ministerio de Hacienda. En este caso, aunque en la Xunta lo consideran poco probable, el tribunal sí que podría decretar la anulación de las adjudicaciones y, por tanto, dejar sin efecto el plan. Aunque es algo que la Consellería de Infraestruturas ve muy remoto, fuentes de este departamento aseguran que cuentan con medidas alternativas si finalmente sucede.

Hace unos días el tribunal se negó a suspender cautelarmente el plan ante el perjuicio que podría suponer para el interés general, aceptando en su integridad las alegaciones que había presentado la Xunta. Las consecuencias de la paralización del plan, alegó el tribunal, eran «sobradamente mayores» que los daños que se podrían ocasionar a las empresas. La patronal perdió en este caso un primera batalla de la larga guerra de recursos contra el nuevo mapa de rutas.

El BNG asegura que el nuevo diseño de rutas favorece «intereses ocultos»

El BNG mostró ayer de nuevo su oposición al plan de transporte de viajeros de la Xunta y vinculó el proceso de adjudicación de las nuevas concesiones a «intereses ocultos». De ahí que reclamen a la Administración gallega toda la documentación de las adjudicaciones, así como que se sometan los criterios empleados a una auditoría. En rueda de prensa en Santiago, los diputados nacionalistas Luís Bará y Noa Presas recordaron que, según la Ley de Transparencia, los criterios empleados para las adjudicaciones deberían «ser públicos» y «accesibles», por lo que han reclamado de forma oficial en el Parlamento que se les facilite «toda a documentación», al tiempo que solicitan una auditoría del proceso. Además, Bará ha criticado las «presas» con las que se ha llevado adelante el plan que, resaltó, generó «un cúmulo de problemas a semana pasada» por el «desbaraxuste creado» en horarios, paradas o rutas, lo que, en su opinión, ha supuesto un «empeoramiento» del servicio.

Estos problemas, alega el BNG, se están resolviendo dando libertad a las adjudicatarias para volver «ao que había antes», lo que supone «incumprir o contrato» y, según Bará, pone de manifiesto que todo este proceso se ha llevado a cabo «para favorecer intereses ocultos». Creen que la Xunta debe sentarse a negociar con el sector el plan de transporte, al tiempo que anuncian una situación de «caos» en septiembre, cuando con el inicio del curso se ponga en marcha el transporte escolar compartido.

Noa Presas, por su parte, incidió en los problemas generados en las provincias de Lugo y Ourense, las más envejecidas y aquellas en las que el transporte público «é unha necesidade». En concreto, criticó los problemas de conectividad que las nuevas rutas tienen con respecto a hospitales como el de Valdeorras.

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