Las comunidades de vecinos instalan cámaras para evitar robos y vandalismo
GALICIA
Las empresas del sector constatan que cada vez reciben más encargos de bloques de viviendas
11 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«La gente solía hacer pis en el portal o rompía los cristales de la puerta», cuenta María, que vive en una céntrica calle de A Coruña, zona de paso hacia los locales de ocio nocturno y una conocida discoteca. «Muchas veces llamaban a los telefonillos y nos despertaban de madrugada», explica. Situaciones como estas se repiten cada fin de semana en las principales ciudades de Galicia y aumentan con el verano y la mayor actividad nocturna.
En la mayoría de las ocasiones los vecinos no tienen más remedio que aguantar o llamar a la policía. Pero otras comunidades, hartas de sufrir destrozos fin de semana sí, fin de semana también, deciden tomar medidas drásticas como instalar una cámara de seguridad. «La verdad es que desde que se instaló, no hemos vuelto a tener problemas», dice María, que vive en un edificio que ha optado por esta vía. Hay un detalle que los vándalos no conocen: la cámara de su edificio es falsa y podría comprarse por Internet a un precio irrisorio, pero la pegatina de «zona videovigilada» es suficiente para disuadirlos.
Las calles con alta actividad nocturna no son las únicas en las que los vecinos han decidido mantener la entrada de sus edificios vigilada. A pesar de que Galicia es la cuarta comunidad autónoma con menos robos del país, según datos del Ministerio del Interior, el miedo entre los vecinos ha aumentado. «Hemos instalado cámaras en alguna comunidad por desperfectos de gente que sale de locales de ocio situados cerca, pero no son la mayoría», explica Manuel Amosa, gerente de Securgal, una empresa de sistemas de seguridad de Santiago.
«El principal motivo para colocar un sistema de este tipo suele ser la preocupación de los vecinos por el aumento de robos», cuenta John Otero, gerente de Seguregal, empresa de seguridad que presta servicio en todo el territorio gallego. Otero dice que «se dan casos de propietarios que deciden poner cámaras en los portales o en las entradas de los garajes por actos vandálicos como pintadas o gente que se mete a beber por las noches, pero son minoritarios. En la mayoría de las ocasiones la decisión se toma después de sufrir algún robo para evitar que se repita».
Precios más asequibles
Hace diez o quince años la instalación de una cámara de seguridad, con su respectivo mantenimiento, suponía un gasto de unos 2.500 o 3.000 euros. «Hoy en día un sistema con varias cámaras puede costar entre 800 y 900 euros, dependiendo de la cantidad de cámaras y la calidad de la imagen», dice Amosa. Esto supone una bajada de los precios de más de la mitad. Dicho descenso, unido al avance de la tecnología y a la creciente obsesión por la seguridad, hace que las comunidades contemplen la videovigilancia como una opción más dentro de su abanico. No es de extrañar que muchos edificios de nueva construcción tengan ya incorporadas cámaras de vigilancia en sus portales y rellanos. «Con respecto al año pasado, el número de llamadas solicitando presupuesto ha aumentado considerablemente, me atrevería a decir que entre un 42 y un 45 %. De hecho, ahora mismo vengo de presupuestar uno en Vilagarcía», cuenta Otero. Respecto al número de sistemas instalados, Amosa recuerda que el año pasado colocaron en total unos 50 kits de cámaras y en la primera mitad del año ya llevaban 35.
A pesar del incremento de instalaciones en las comunidades de vecinos, los principales clientes de estas empresas continúan siendo negocios y comercios. También se ha notado un incremento significativo en las viviendas unifamiliares de zonas rurales.
Medidas polémicas
Pero no siempre todos los vecinos están conformes con la decisión de instalar estos sistemas de seguridad. «En una de las instalaciones a uno de los vecinos no le gustaba que hubiese cámaras en el edificio. Se sentía observado. Al final, las cámaras se pusieron sin problemas, ya que gran parte de los propietarios había votado a favor», cuenta Amosa. Aunque la ley permite que estas cámaras se instalen por mayoría de tres quintas partes de los propietarios de la comunidad, muchos ven en esta medida una invasión de su intimidad.
Antonio, de Vigo, no se siente cómodo con la idea de que unas cámaras graben las entradas y salidas que se producen en el edificio. «El problema es que sin haber dado parte a la Policía Local, los vecinos quieren poner estas cámaras y a mí no me hace gracia sentirme tan controlado». En lo que va de año, los residentes del edificio de Antonio en Vigo se han encontrado a una persona durmiendo esporádicamente en el portal. «Los vecinos son mayores y tienen miedo aunque, por suerte, esta persona nunca nos ha dado ningún disgusto. Si le dices que se vaya, se va», comenta.
La ley obliga a señalizar e identificar las zonas que están siendo grabadas
En España no hay legislación específica en el ámbito de la videovigilancia privada, a diferencia de la desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única regulación existente en el ámbito privado es la Ley de Seguridad Privada 23/1992, pero no contiene indicaciones precisas en materia de protección de datos. A estos sistemas se les aplica la instrucción 1/2006 sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras. Los videoporteros quedan excluidos de esta instrucción. Tras la instalación del sistema de cámaras -siempre por una empresa homologada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)- es obligatoria su señalización. En la señal debe figurar el nombre del responsable del tratamiento de los datos, por ejemplo, el presidente de una comunidad de vecinos. Así, si alguien quisiera ejercer sus derechos frente a la videovigilancia, se podría poner en contacto con dicho responsable. Se puede solicitar el acceso a las grabaciones además de ejercer los derechos de rectificación, cancelación u oposición.
Muchos edificios públicos también disponen de sistemas de vigilancia
A pesar de que los bloques de viviendas siguen siendo los lugares donde más se ha incrementado la contratación de sistemas de videovigilancia, también hay casos de concellos, centros escolares o ambulatorios que optan por vigilar lugares conflictivos o focos de actos vandálicos con este tipo de cámaras.
evitar sustracciones
Contra los enemigos de lo ajeno. El ejemplo más reciente es el del mercado de Ribeira, donde los ladrones hicieron caso omiso el pasado mes de junio a los sistemas de videovigilancia que fueron instalados por decisión del Concello debido a la sucesión de robos. Son, precisamente, repetidos actos vandálicos en el campo de A Fiateira los que han llevado también al ejecutivo ribeirense a plantearse nuevamente la instalación de cámaras.
zonas de ocio
Problemas de vandalismo. En Vigo, vecinos de las zonas de ocio próximas a la calle Rosalía de Castro se vieron obligados este pasado año a instalar sistemas de este tipo en sus portales, ya que la cercanía de los bares nocturnos traía numerosos problemas de vandalismo. Los incidentes se redujeron considerablemente tras su colocación. Similar es el caso de la calle Fernando III O Santo, en Santiago de Compostela, que arrastra desde hace casi un año problemas vecinales causados por el ruido, numerosas peleas y conductas incívicas de las personas que salen de los pubs. En este caso, la propuesta de instalar unas cámaras de seguridad en la calle como elemento disuasorio no prosperó y el Concello optó por aumentar la presencia policial en la zona.
centros sanitarios
La seguridad del personal. Las cámaras también han irrumpido recientemente en el ámbito sanitario. En Cariño, el Sergas dotó el de servicio de videovigilancia con central de llamadas de emergencia al Punto de Atención Continuada (PAC) a finales del pasado mes de mayo. Los médicos del centro de salud habían denunciado los destrozos causados en varios coches aparcados en el exterior, supuestamente por parte de un paciente con el que ya habían tenido problemas con anterioridad. El gerente de área sanitaria de Ferrol no descartó que se instalaran más cámaras en otros PAC de la zona para garantizar la seguridad del personal sanitario.