Los sindicatos judiciales rechazan una subida salarial de entre 660 y 900 euros
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GALICIA
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El pulso con la Xunta aboca al sector a una huelga indefinida a partir del día 7
01 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia está cada vez más cerca de sufrir una huelga indefinida en sus juzgados a partir del día 7 de este mes. Un paro que agravaría aún más la situación de colapso de muchas salas, en las que ya se acumulan 126.000 casos pendientes. La reunión que ayer celebraron los sindicatos con la Consellería de Xustiza terminó de la peor manera posible. No había transcurrido ni media hora cuando los representantes de los trabajadores decidieron dar por rotas las conversaciones porque entienden que la oferta de la Xunta no solo no mejoraba la anterior, «senón que incluso era peor», asegura Manuel Díaz, representante de UGT.
Esa oferta de Xustiza, en lo que a la subida salarial se refiere, era de 660 euros al año para la categoría de auxiliares, de 744 para la de tramitadores y de 900 para la de gestores. Cantidades que suponen incrementos en las nóminas de 55, 62 y 75 euros mensuales y que a los representantes de los trabajadores les parecen «indignantes». Los aumentos, además, tardarían tres años en completarse y comenzarían a aplicarse el 1 de enero del 2019, «o que significa que para este ano non subirían nada e que, ademais de ser unha suba completamente insatisfactoria, habería que agardar tres anos para cobrala integramente», asegura Pablo Valeiras, del sindicato Alternativas na Xustiza-CUT.
Este incremento en el complemento autonómico, explica Xustiza, sería compatible con el mantenimiento del concepto retributivo por el IPC gallego, que ya perciben los funcionarios por trabajar en la Administración autonómica y que supone siete euros al mes para los auxiliares, ocho para los tramitadores y nueve para los gestores. La Xunta insiste en que el incremento que les exigen los sindicatos, de más de 3.000 euros al año por cada trabajador, «é inasumible para as arcas públicas».
Otra de las reivindicaciones importantes para los siete sindicatos con representación entre los funcionarios de Xustiza es que los trabajadores dejen de sufrir penalizaciones económicas cuando estén de baja laboral. Ahora mismo les detraen el 50 % del salario los tres primeros días de ausencia y el 25 % desde la cuarta a la vigésima jornada sin asistir a su puesto.
En este asunto, el compromiso al que está dispuesta a llegar la Xunta es únicamente el de crear un grupo de trabajo para estudiar eliminar estos descuentos «no marco establecido polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas», según recoge el documento que la consellería entregó a los representantes de los trabajadores.
En esa oferta que han rechazado los sindicatos también se incluía el apoyo a que los empleados que cubren sustituciones cobren lo mismo que aquellos a los que suplen, pero Xustiza recuerda que esa medida fue anulada por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por lo que tan solo pueden ofrecer recabar un informe legal que pueda dar cobertura al pago de los complementos.
En cuanto a que se cubran las vacantes en los juzgados, que es otra de las demandas de las organizaciones sindicales, la Xunta se comprometía en la oferta rechazada a crear 43 nuevas plazas. De ellas, 36 corresponderían a la consolidación de los refuerzos con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos y las siete restantes a psicólogos de atención a víctimas de violencia machista.
El documento entregado por la Xunta proponía además refuerzos de personal en los juzgados de violencia machista para paliar su excesiva carga de trabajo. Y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, de 16 a 20 semanas en el primer caso y de 29 días a cinco semanas en el segundo.
El conselleiro de Xustiza y vicepresidente gallego advirtió ayer que la Xunta «velará» para que los juzgados «non se paralicen» en el caso de que, como cada vez parece más inevitable, los trabajadores vayan a la huelga indefinida a partir del día 7. Alfonso Rueda, no obstante, aún confía en que el paro pueda evitarse y cree que hay margen para seguir negociando, pero en caso contrario avanza que su departamento adoptará «as medidas habituais», que pasan por la elaboración de un decreto de servicios mínimos que, advirtió, «terá que cumprirse para evitar un posible colapso nos xulgados».
PSdeG-PSOE, En Marea y el BNG apoyan las reivindicaciones de los funcionarios
Las tres fuerzas políticas de la oposición gallega mostraron ayer nuevamente su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios de Xustiza. Luís Villares (En Marea) instó al presidente Feijoo y a su vicepresidente, Alfonso Rueda, a «entrar en razón» y dijo no entender por qué no se atiende a las «xustas» demandas de los trabajadores. La portavoz del PSdeG-PSOE para asuntos de justicia, Patricia Vilán, considera que la ruptura de las conversaciones entre los sindicatos y la Xunta «evidencia a falla absoluta de capacidade de diálogo» por parte del Ejecutivo autonómico, mientras que Luís Bará, del BNG, cree que el Gobierno gallego actúa con «prepotencia e soberbia».
Los representantes de los trabajadores se encerraron en un despacho y fueron desalojados
La reacción del comité de huelga de los funcionarios de Xustiza tras recibir la oferta de la Xunta fue la de dar por rotas las negociaciones y encerrarse en el despacho de la subdirectora xeral de Persoal, situado en las instalaciones de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Calificaron de «insuficiente» la subida salarial propuesta y criticaron que se les presentase un «documento de peche» cuando, advierten, las posturas están aún tan lejos de llegar a un acuerdo que permita cerrar el conflicto.
Con su acción de encerrarse en el despacho, los portavoces de los siete sindicatos con representación en la Administración de Justicia gallega querían obligar a la Xunta a retomar las negociaciones en presencia de la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez, ya que aseguran que fue solo cuando intervino esta mediadora cuando se produjeron avances en las conversaciones.
Tras varias advertencias por parte de altos cargos de la Dirección Xeral de Xustiza, que demandaron a los sindicalistas que abandonaran el despacho ocupado, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que se presentó en la EGAP, donde está la sede de este departamento del Gobierno autonómico, y desalojó a los representantes de los trabajadores, que ante la presencia de los agentes aceptaron deponer su actitud.
Un portavoz de los sindicalistas instó a prohibir libranzas y vacaciones durante el paro convocado el 1 de diciembre
La ruptura de las negociaciones entre los sindicatos y la Xunta para intentar evitar una huelga indefinida en los juzgados gallegos estuvo precedida el día anterior por la polémica que suscitó la decisión del director xeral, Juan José Martín Álvarez, de suspender durante todo el mes de febrero la concesión a los trabajadores de días de asuntos propios y vacaciones.
La medida, que busca garantizar el funcionamiento de los juzgados en caso de que finalmente se convoque el paro indefinido, fue calificado como una «represalia» por las organizaciones sindicales, que incluso llegaron a presentar una denuncia contra el director xeral de Xustiza por considerar que estaba vulnerando el derecho constitucional a la huelga.
Sin embargo, esa reacción contrasta con lo que sucedió el pasado 28 de noviembre durante otra de las reuniones que ambas partes mantuvieron en busca de un acuerdo. En aquella jornada, cuando la delegación de la Xunta comunicó al comité de huelga la relación de servicios mínimos previstos ante el paro que tuvo lugar el 1 de diciembre, los representantes de los trabajadores instaron al director xeral de Xustiza a emprender la misma medida ahora tan criticada.
El acta de aquel encuentro recoge que el representante de la CUT, Pablo Valeiras, indicó que «de non facelo [suspender los permisos y licencias], isto afectaría o dereito á folga, salientando que unha vez que a Administración ten o preaviso pode denegar». Fue este mismo sindicalista, precisamente, el que firmó la denuncia contra el director xeral, algo que en la Xunta consideran una incongruencia y un modo de tensar la situación como arma negociadora.
Entre los sindicatos no se considera que sean situaciones análogas e insisten en que es ilegal eliminar, a través de una regla general, derechos que son de carácter individual, como las libranzas y vacaciones, que deben ser justificadas en cada caso concreto para ser rechazadas o revocadas.
La polémica hizo que Xustiza retirara la controvertida orden de su intranet y que incluso concediese libranzas en febrero solicitadas en esa misma jornada, pero el director xeral, Juan José Martín, también aclaró que eso no suponía ni que se derogase ni que se diese marcha atrás.