La huelga paraliza la tramitación de asuntos civiles y administrativos en los juzgados
09 feb 2018 . Actualizado a las 11:06 h.En los archivos de los juzgados de Galicia se agolpan 126.000 casos. Son los asuntos pendientes, los que no se han podido cerrar y que forman un monumental atasco que condiciona el funcionamiento de un servicio básico para el ciudadano. Cada semana que dure la huelga indefinida iniciada el miércoles por el personal de Xustiza, que ya está afectando a miles de gallegos, ese colapso se incrementará un 2 %. Y es que cada jornada de paro se suspenden unos 600 juicios, que pasan a ser 3.000 cada semana y nada menos que 12.000 al mes. Una situación de parálisis que se tornará pronto insostenible, como ya han advertido los órganos autonómicos que engloban a abogados y procuradores. Ambos colectivos profesionales, que sufren directamente la huelga, han pedido a la Xunta y a los sindicatos que retomen el diálogo y lleguen a un acuerdo.
La inactividad es casi total en los juzgados pese a que se están cumpliendo, no sin problemas puntuales, los servicios mínimos, que afectan a casi un tercio de los 2.700 funcionarios que conforman la plantilla de funcionarios judiciales de Galicia. De hecho, el Gobierno gallego eleva hoy la cifra de seguimiento del paro, que estima en un 42 % (la primera jornada estimó un 39 %).
Los representantes de los trabajadores elevan esa cifra de seguimiento del paro a cerca del 90 % de los empleados. Por ciudades, Vigo y Pontevedra volvieron a ser las que mostraron un mayor apoyo a la movilización, con un 95 %, seguidas de Ourense (94,4 %), Santiago (88 %), Lugo (87,3 %), Ferrol (83 %) y A Coruña, donde no fueron a trabajar el 81 % de los funcionarios.
La consecuencia directa de la huelga para los ciudadanos es la paralización de la práctica totalidad de los asuntos civiles y administrativos. Y de los penales, tan solo se están celebrando juicios en los que el acusado esté en prisión provisional, que son la menor parte de los asuntos. Así, el movimiento en las dos primeras jornadas de paro ha sido casi nulo. Tan solo se registran casos y se tramitan actuaciones que tienen un plazo máximo legal y se cubren las guardias en juzgados, fiscalías y el Instituto de Medicina Legal (Imelga). También funcionan las medidas precautorias en materia de familia o de violencia contra la mujer.
Los sindicatos amenazan con hacer más patente su protesta con medidas que afectarían aún más directamente al ciudadano, como la suspensión de los matrimonios civiles. En las sedes judiciales de Vigo, A Coruña y Pontevedra hubo ayer problemas en los registros civiles, donde algunos funcionarios obstaculizaron el servicio, que ya funciona únicamente para inscripciones de nacimientos y obtención de licencias de enterramiento.
En los juzgados de Lugo también se registraron pequeños incidentes, al quedar inutilizados temporalmente los ascensores y el servicio eléctrico del edificio, ante lo que la Xunta ha pedido «responsabilidade» a los funcionarios.
La Xunta reta a los sindicatos a cuestionar la equiparación salarial
Núñez Feijoo señala que los funcionaros gallegos estarían entre los mejor pagados de España de aplicarse la subida que reclaman
J. C.
Si el termómetro de una situación laboral con huelga indefinida por el medio se mide en términos de tono político, el conflicto de la Justicia en Galicia parece estar lejos de arreglarse. Al menos en lo que respecta a la posición del presidente de la Xunta, que no mostró ni un solo signo de debilidad al airear en una intervención pública sus argumentos.
Tras la reunión semanal de su Gobierno, Feijoo ha retado a los sindicatos de Xustiza a remitirle «datos» que cuestionen la idea fuerza de la Administración gallega, y es que con la subida salarial del 3,3 %, unida a los incrementos que tendrán en este y en próximos ejercicios los funcionarios gallegos, los del sector de la Xustiza (unos 2.800) se situarán en la «zona de arriba» con respecto a otras comunidades autónomas, con una evidente ventaja sobre el coste de la vida con respecto a los trabajadores de otras capitales españolas. Según la tabla que manejó el propio presidente en su comparecencia, los funcionarios gallegos saldrían mejor parados tras la subida que los de Cataluña o los de la Comunidad Valenciana.
Y ahí, en ese 3,3 %, se va a parar la Xunta porque es lo que puede ofrecer. El jefe del Ejecutivo pidió a los negociadores que le envíen «unha proposta» que puedan evaluar. «E se os datos que damos non son certos, que remitan os seus», insistió. La capacidad de unos y otros de aguantar la tensión de una huelga se verá, pero en el apartado de las remuneraciones hay poco margen para avanzar. «Subas de entre un 12 e u 16 % son inasumibles», dijo Feijoo con la misma contundencia con la que marcó los límites el día anterior en el Parlamento. «Os galegos -abundó- non me autorizan a incrementar en 600 millóns de euros os gastos de persoal».
Feijoo explicó además que el seguimiento político de la huelga sigue tutelado por el departamento del vicepresidente Rueda, aunque con la colaboración de Facenda, que es la consellería que debe encajar las cuestiones salariales, y advirtió que la «única modificación» sobre las negociaciones iniciales es que la Xunta no podrá ejecutar incrementos retributivos en el 2018 por incapacidad legal, cuestión que les ha sido transmitida a los sindicatos «por lealdade». En cuanto al seguimiento de la huelga indefinida, el presidente lo ha situado en entre un 39 y un 42 %, una cifra que consideró «preocupante».
El juez decano de A Coruña pide a los partes que cedan para evitar mayor atasco
Pérez Merino alude a una huelga «masiva» que no debería continuar por el «daño que supondría a la ciudadanía»
a. m.
El juez decano de A Coruña, Luis Pérez Merino, llama al diálogo entre la Secretaría Xeral de Xustiza y los sindicatos. «Cada una de las partes ha de ceder en sus posiciones para alcanzar un acuerdo y así evitar que esta huelga se prolongue, con el daño que eso supondría para los ciudadanos». También pide el fin del conflicto la Asociación Profesional de Peritos Judiciales Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia.
Ayer, Pérez Merino, titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de A Coruña, tuvo que suspender seis juicios que tenía señalados para la primera jornada de huelga, que califica de «masiva», con «gran respaldo de los funcionarios». Por lo que ha visto, los servicios mínimos se están cumpliendo, lo que evita aún más el colapso que se está produciendo. Advierte que «los juicios o declaraciones que ahora se están aplazando supondrá que las agendas, que ya bastante colapsadas y apretadas están, lo estén todavía más».
Sí se celebraron juicios en A Coruña, doce en total, no como el martes, que se suspendieron todos excepto uno. Una vista que retrasa su segunda jornada debido a la huelga fue la que empezó a celebrarse el martes en la sección segunda de la Audiencia contra la exalcaldesa de Betanzos María Faraldo. Las dos jornadas que quedan se celebrarán el mes que viene. El entorno de Faraldo lamenta que tenga que esperar todavía más tiempo a demostrar su inocencia tras un proceso que dura casi cinco años.
Con información de Alejandro Martínez, Álvaro Sevilla, Alfredo López Penide y Pepe Seoane.