Sus concesiones vencen tras un máximo de 51 años, mientras las dos estatales en Galicia serán de pago 75 años
19 dic 2019 . Actualizado a las 18:17 h.El Gobierno central ha decidido no renovar la concesión de las autopistas de los años setenta cuyo contrato de explotación venza en lo que resta de legislatura, mientras Galicia será en cambio la autonomía donde durante más tiempo se pagará peaje en las vías de pago de la misma generación. La AP-1 (Burgos-Armiñón) será gratuita a partir del 30 de noviembre tras 45 años en manos de Itínere; la AP-4 (Sevilla-Cádiz) dejará de tener peaje desde el 31 de diciembre del 2019, después de 51 años con barreras, y lo mismo ocurrirá en idéntica fecha en el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, después de 50 años de concesión.
El anterior Gobierno de Rajoy había expresado su inclinación a no renovar las concesiones de las autopistas en las que venciesen sus contratos, pero reclamó un pacto político, que no llegó a especificar, para decidir cómo mantener dichas infraestructuras y las quebradas que asumió este año la Administración. Pedro Sánchez ha optado directamente por no prolongar los plazos de explotación en manos privadas, según anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos en una entrevista a El País.
Las tres autopistas que en el intervalo de un año y medio pasarán a ser gratuitas fueron construidas en la misma década que la AP-9, que sin embargo queda fuera de todo plan de liberación de peajes después de ser sometida en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar a una tercera ampliación de la concesión hasta el 18 de agosto del año 2048.
La autopista gallega es además la única de las de primera generación construidas en España que tendrá 75 años de concesión, plazo también vigente desde el momento de la adjudicación para la otra autopista estatal existente en Galicia, la que une Santiago con el alto de Santo Domingo (Dozón). Solo una más en toda España, de uso para los gallegos, como es la León-Campomanes, cuenta también con tres cuartos de siglo para su explotación en régimen de concesión.
Otras a la espera
El Mediterráneo volverá a ser beneficiado en el 2021 si se aplica entonces el mismo criterio de no renovación de los peajes en los tramos que vencen el 31 de agosto de ese año de la AP-7 entre La Junquera y Tarragona (con períodos de explotación según los trayectos que oscilan entre 47 y 54 años) y la AP-2, entre Zaragoza y el Mediterráneo (48 años). El levantamiento de esos peajes dependerá en todo caso del siguiente Gobierno, coincidiendo también para el 2021 el fin de la concesión de las autonómicas catalanas C-32 y C-33, para las que la Generalitat tampoco prevé ampliar la concesión.
Las autonómicas gallegas (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona) tienen un período de explotación en manos privadas de 50 años que vence en el 2045, antes por tanto que la AP-9.
El actual Gobierno calcula que el coste de mantenimiento de las tres autopistas que pasará a asumir Fomento será de unos 27 millones de euros al año, cantidad a la que hay que sumar el IVA de los peajes que deja de recaudar Hacienda y el impuesto de sociedades de las concesionarias.
El Gobierno de Rajoy llegó a cifrar en 8.870 millones de euros el coste de un eventual rescate de la AP-9, si bien a esa cantidad le había antecedido antes otra dada por Fomento de 4.300 millones, aunque la inversión hecha por Audasa fue de 1.428 millones.
Por otra parte, los transportistas anunciaron que solicitarán al ministro de Fomento una reunión en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales para instar a poner en marcha el plan de desvío de camiones a las autopistas de peaje, siempre que la decisión sea voluntaria para cada transportista y no obligatoria, como ya ha empezado a hacerse en La Rioja.
Un ahorro de 1.900 euros por camión al año y coste de 450 millones en mantenimiento
El anuncio de la eliminación de los peajes en las tres autopistas de Burgos, Cataluña-Valencia y Andalucía fue aplaudido ayer con intensidad por el sector del transporte por carretera. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) calculó que la desaparición de los peajes en las tres autopistas supondrá un ahorro anual de 1.900 euros de media por cada uno de los 240.000 camiones de tipo pesado matriculados en España.
Una postura totalmente contraria a la de la eliminación de los peajes en las autopistas en las que venza el período de concesión es la mantenida por la patronal de las grandes constructoras. Seopan ya advirtió en abril con un estudio que asumir el mantenimiento de las autopistas próximas a liberar sus peajes tendrá para el Estado un coste anual de 450 millones de euros, y de 2.500 millones si se hace en toda la red de autopistas, teniendo en cuenta el gasto de conservación y los impuestos que Hacienda dejaría de recaudar de los peajes y beneficios de las concesionarias.
Peajes blandos
La patronal propuso en su lugar aplicar un peaje blando a los usuarios de los viales e incluso extenderlo también a todas las autovías, una demanda -el copago por infraestructuras- que las empresas del sector han sostenido en los últimos años y que ningún Gobierno ha aceptado.