La Audiencia Nacional envió el fallo, del 2016, hace unos días al Plan Nacional sobre Drogas; estos eran los bienes de Patoco
05 nov 2019 . Actualizado a las 18:18 h.Manuel Abal Feijoo (Cambados, 1970) ya pilotaba entre bateas de mozalbete. Entonces aún le llamaban Manolo Patoquiño. Su bautismo policial llegó con 19 años. El motivo eran 3,3 toneladas de hachís que la Policía Nacional atribuyó a los Charlín. La investigación se incluyó en la operación Nécora y el joven Patoquiño, en calidad de ávido lanchero, compartió banquillo de los acusados con los primeros espadas de la mafia gallega. Solía vestir chándal y respondía reiteradamente en gallego al tribunal y la Fiscalía. Le pedían 8 años de cárcel y salió absuelto, pocos pensaron entonces que aquel benjamín acabaría copando en pocos años las descargas de cocaína en Galicia. Ahí ya se le conocía en Arousa, en el negocio y entre las fuerzas del orden por Patoco.
El patrimonio de la organización no dejó de crecer desde 1998. Abal Feijoo armó una flota de planeadoras y naves estratégicamente situadas cerca de la desembocadura del río Umia, en la ría de Arousa. Un accidente en el 2008, a lomos de una Yamaha 500, segó su vida a los 38 años. Al funeral asistieron numerosos colegas que acabaron cayendo en el 2009. El machetazo de la Policía Nacional (operación Tabaiba) fue la antesala del atizado en el 2010 por la Agencia Tributaria (operación Houdini, que acabó incluyendo la parte patrimonial de la Tabaiba para juzgarse conjuntamente) al clan de Patoco. El balance patrimonial salpica las Rías Baixas de propiedades en forma de pisos, casas, bajos, garajes, vehículos, amarres de puerto o embarcaciones deportivas. La mayoría en Sanxenxo.
Más de una docena de sociedades del sector inmobiliario, de la construcción y hostelero fueron disueltas por mandato judicial. También se bloquearon más de 30 cuentas bancarias en España, Madeira y Miami. En total, según las conclusiones de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional, el valor de lo investigado se dispara hasta los 50 millones de euros, lo que supone el mayor embargo a un narcotraficante en Galicia. Todo acabó en noviembre del 2016 con la condena de la Audiencia Nacional y el embargo de semejante fortuna. El siguiente paso, ya competencia del Plan Nacional sobre Drogas, consiste en gestionarlo y subastarlo.
La gran sorpresa saltó hace pocos días al trascender que el fallo, desde noviembre del 2016, no fue remitido al plan. De ahí que todo siga igual en lo burocrático dos años y tres meses después. Cuestión aparte, y preocupante, es el desgaste evidente causado en los bienes e inmuebles, dado que todo empezó hace ya una década con su embargo preventivo. El problema es que tampoco se baraja un horizonte a corto plazo para la gestión y venta del capital, más bien todo lo contrario. «El Plan Nacional sobre Drogas hace lo que puede con los medios que tiene», aclaran en la investigación a la vez que recuerdan que la actividad policial, en España, genera cientos de fallos que implican otras tantas subastas. Lo reconocía en La Voz la propia delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí Palacios, el 24 de febrero: «Recibimos al año unas 2.000 o 3.000 sentencias de bienes decomisados».
Otro fallo relevante, y pendiente de recurso para ejecutarse, lo protagonizan Sito Miñanco y varios familiares. La sentencia en primera instancia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acordó en enero el embargo de las propiedades a nombre de la Inmobiliaria San Saturnino, de los condenados, valoradas en más de diez millones de euros y concentradas principalmente, al igual que las de Patoco, en Sanxenxo. Otra patata caliente llamada a acrecentar aún más la carga de trabajo del Plan Nacional Sobre Drogas. Lo explican en la Agencia Tributaria: «El plan necesita más medios, no ha crecido al mismo ritmo que la parte policial y judicial. Se ven superados». Más pragmáticos se muestran en el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia de la Policía Nacional. Proponen, a sabiendas de que el trabajo por hacer genera importantes ganancias, incorporar más funcionarios. «Se agilizaría la gestión y, en consecuencia, habría más subastas que implican ganancias para el Estado. Si ese es el problema, ¡bendito problema!».
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