
El caso del vuelo Santiago-Londres es cada vez más habitual: en Europa hay un suceso con un viajero rebelde cada tres horas
05 ago 2019 . Actualizado a las 21:27 h.«Un avión no es una democracia», ironiza el piloto y experto en seguridad aérea Ariel Shocron para referirse a casos como el del vuelo Santiago-Londres, que dio la vuelta después de 15 minutos de vuelo para dejar en Lavacolla a un pasajero conflictivo que se enzarzó en una discusión con la tripulación. «La decisión del aterrizaje de emergencia es la correcta si el viajero no entra en razón. No puede haber riesgos de ningún tipo con eso», explica, al tiempo que cree que, por razones de seguridad -puede ser agredido- el comandante del vuelo nunca debería haber intervenido directamente en ese suceso. Es el resto de la tripulación, entrenada para gestionar este tipo de incidentes, la que debe negociar e intentar tranquilizar al pasajero. Si no es posible, se informa al comandante que, como máxima autoridad delegada en el vuelo, es el que toma la decisión de dejar en tierra al que en la jerga de la seguridad aérea se denomina «viajero disruptivo».
«Los pasajeros están obligados por ley a respetar las normas de seguridad», explica el exdirector de Aviación Civil e ingeniero aeronáutico Manuel Ameijeiras, que tiene algunas dudas legales sobre las listas negras que tienen las compañías aéreas para prohibir viajar en sus aviones a pasajeros que provocaron incidentes en el pasado. «Es un derecho civil y si no hay denuncia, sanción o sentencia de por medio el pasajero podría reclamar alegando que se vulneran sus derechos», explica. Lo cierto es que es una práctica común entre las compañías, como sucedió con el cantante Melendi tras su célebre incidente en un avión de Iberia, recuerda Shocron. Varias aerolíneas han reconocido ya oficialmente que tienen estas listas.
«La razón del desvío del avión para proteger al resto del pasaje se hace sobre todo para evitar algún tipo de problema en caso de evacuación», recuerda Ariel Shocron. Y la prevención de incidentes más graves es la estrategia que recomienda tanto la Asociación Europea de Pilotos (ECA, siglas en inglés) como la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que hace poco hizo una campaña contra este tipo de conductas.
Shocron explica que estos incidentes son denunciados en tierra si provocan el desvío o el retorno del avión. «Si se llega a juicio es habitual incluso que los pilotos tengamos que declarar», aclara. Hay que recordar que, además, un aterrizaje no previsto siempre encierra riesgos de seguridad y costes añadidos.
Las consecuencias
El problema es que los sucesos de este tipo son cada vez más comunes. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) registró en el 2017 nada menos que 538 casos. Ese mismo año se sancionaron a 326 personas, por un importe total de 221.325 euros, pues esta conducta puede acarrear una multa de hasta 5.000 euros. España, después del Reino Unido, es el país europeo con más casos de pasajeros disruptivos. El denunciado, además de las consecuencias administrativas y penales, correrá con los gastos de las eventuales indemnizaciones a los viajeros -si es que reclaman- y del desvío del avión.
De la proliferación de estos incidentes -en la que lógicamente interviene el amplísimo crecimiento del tráfico aéreo en los últimos años- da buena cuenta la Agencia Europea de Seguridad Aérea en sus estadísticas. En los cielos comunitarios se producen sucesos de este tipo cada tres horas y una vez al mes se decide solicitar un aterrizaje de emergencia, como hizo el piloto de Ryanair en el vuelo del domingo. Buena parte de estos casos se deben a viajeros que bebieron demasiado alcohol o consumieron drogas, de ahí que las tripulaciones tengan entre sus funciones controlar la ingesta de bebidas a bordo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo recibe cada año más de 10.000 notificaciones de viajeros conflictivos.
La Asociación Europea de Pilotos constata que estas actitudes se observan a menudo antes del embarque -especialmente en casos de intoxicación alcohólica- y las autoridades no suelen tomar ninguna medida, cuando podrían prohibir ya en tierra el acceso de estos individuos. Por problemas de jurisdicción, muchos de estos clientes conflictivos de las aerolíneas no se enfrentan a ninguna sanción ni repercusión penal, pues solo sería aplicable la ley del país en el que está registrada la aeronave. Esta situación ha sido mejorada con la aplicación del protocolo de Montreal aprobado en el 2014, que otorga jurisdicción al Estado de aterrizaje del avión.
