El persistente bloqueo de Hacienda condicionará los Orzamentos del 2020, justo antes de las autonómicas
22 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La Administración gallega no cierra ninguna vía, incluyendo la judicial, para reclamar que Hacienda desbloquee los fondos que tendría que haber inyectado a las comunidades. Es un conflicto en el que las posturas están claras, pero también enrocadas, y cuyo perjudicado final será, con seguridad, el ciudadano.
¿Qué reclama Galicia ante Hacienda?
Exige que el ministerio le abone 700 millones de euros por varias partidas, alguna de ella pendiente desde el año 2017. La principal alcanza los 530 millones, entre las entregas a cuenta del 2019 (330 millones) y una mensualidad del IVA pendiente (otros 200). Hay una tercera asignación, de 170 millones, correspondiente a compensaciones que deberían haberse abonado cuando Rajoy estaba en el Gobierno, un pago por haber cumplido Galicia con la ortodoxia financiera (asumir siempre el déficit, principalmente). En julio, el Parlamento de Galicia aprobó una iniciativa para exigir al ministerio el dinero comprometido, y así fue la comunidad que abrió la espita para el resto.
¿Es un problema exclusivo?
No. La situación afecta a todas las comunidades porque esas entregas a cuenta son fondos con los que cuentan las comunidades desde finales del pasado ejercicio, para elaborar sus previsiones para el 2019. En total se calcula un quebranto de 4.700 millones para todas las autonomías. Ese dinero, esas entregas a cuenta, proceden de los ingresos por impuesto del Estado (IRPF e IVA principalmente), que luego se ceden a las comunidades. Esto es, el dinero existe, Hacienda lo está ingresando, pero no lo transfiere conforme a lo previsto para el 2019 porque no tiene Presupuestos; es decir, no se han actualizado las cantidades, y la diferencia son esos 4.700 millones. Si se mide porcentualmente sobre lo que pesan esos fondos, Galicia es de los territorios más perjudicados.
¿Tiene precedentes este enfrentamiento con el ministerio?
Sí. Es el tercer frente que abre la Xunta con el Ministerio de Hacienda desde que Sánchez gobierna. Primero por el IVA retenido (y aún no pagado), luego por el gasto del superávit de Galicia (que solventó Feijoo por su cuenta) y ahora por las entregas a cuenta. Lo cierto es que ya hubo problemas cuando Montoro dirigía Hacienda, pero la tensión era mucho menor por la afinidad partidista.
¿Qué consecuencias puede tener? ¿Habrá recortes de gasto?
La Xunta escapa de esa palabra (recorte) que en cambio ya han asumido otros ejecutivos autonómicos como el de Cantabria o el de Cataluña. En San Caetano admiten que habrá problemas, «tensións», en su tesorería. No extraña: solo esos 530 millones suponen el 5 % del presupuesto anual de la Xunta. Un dinero con el que contaba Facenda y que, llegado el último cuatrimestre del ejercicio, no tiene. Los primeros afectados pueden ser los proveedores, porque se retrasará el pago de facturas, algo que, además, puede conllevar que se incumpla la regla de estabilidad que marca, precisamente, Hacienda. También se podrían parar o retrasar obras previstas.
Y si persiste este bloqueo, ¿que sucederá en el 2020?
Pues que la Xunta tendrá que hacer sus cuentas a ciegas. Es decir, sin saber si va a poder contar la actualización de esos anticipos del Estado, si tendrá que añadir lo que le deben, si recortar... A esta situación hay que añadir el contexto: el 2020 será un año de elecciones autonómicas, y el gasto suele ser más generoso, y la política fiscal más relajada.
¿Es este el problema de financiación de las comunidades?
No. Este conflicto es algo que se antoja puntual, por la situación de bloqueo. El otro, el de la financiación de las comunidades, es un problema estructural que se tendría que haber abordado hace años (era un compromiso del Gobierno de Rajoy), pero que duerme en un cajón. Cataluña y Valencia lo agitan regularmente por los problemas que tienen para afrontar las coberturas de servicios transferidos. Pero lo cierto es que Galicia también tiene un problema de infrafinanciación, sobre todo por el coste creciente de cuestiones como sanidad o transporte, por el envejecimiento y la dispersión de su población.
Política Social también denuncia un recorte de 400.000 euros para pobreza infantil
El de los 700 millones de euros pendientes con Hacienda no es el único frente económico de la Xunta con Madrid. La Consellería de Política Social ha denunciado un recorte de 400.000 euros en los fondos estatales destinados a Galicia para la lucha contra la pobreza infantil. En el 2018 a la comunidad le correspondieron 4,95 millones, distribuidos en 4,55 para el programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil y 400.000 euros para un nuevo programa para la atención de menores en situación de pobreza durante las vacaciones (conocido como VECA). Pero este ejercicio el montante transferido a Galicia cayó a los 4,55 millones, de los que 3,41 corresponden al programa de protección, un 25 % menos, aunque se incrementó la partida para el VECA hasta los 1,14 millones.
El reparto se ha realizado en período de vacaciones y sin una reunión presencial de los consejeros y la ministra de Sanidad. Madrid envió su propuesta a las comunidades para que presentasen alegaciones. Mientras la Xunta lamenta que se limite así la «capacidade de diálogo e debate entre as comunidades», Sanidad afirma que la mayoría de las autonomías se mostraron de acuerdo con la propuesta de asignación. Al mismo tiempo, indica que no ha habido un recorte -sin entrar a valorar el caso gallego-, sino que «se asignan de manera diferente a los proyectos financiados». También recuerda que las comunidades tienen la oportunidad de financiar planes a través de un subprograma de conciliación para familias en proceso de inserción laboral. Y «mantienen la posibilidad de presentar proyectos en la proporción que estimen adecuada».