El BNG insiste en invocar la vía judicial para canalizar la reclamación, algo que descarta Facenda
30 sep 2019 . Actualizado a las 20:19 h.El Gobierno gallego ha movido ficha y, ante la negativa del Gobierno central a desbloquear el pago de los 700 millones de euros que se le adeudan a la Xunta en concepto de entregas a cuenta, IVA e incentivos pendientes, ha decido suscribir nuevas operaciones de crédito para cumplir los compromisos presupuestarios sin hacer recortes. Ahora bien, el déficit público que generen estas operaciones a mayores será cargado a la Administración del Estado, y no al balance de la autonómica.
Eso es al menos lo que ayer dijo el director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos, que respondió en el Parlamento a una pregunta de la diputada del BNG Noa Presas relacionada precisamente con el bloqueo de los fondos del Estado. Corgos aprovechó su intervención para hacer un relato somero del problema generado a las comunidades autónomas por la falta de actualización de los anticipos que tienen que cobrar del Estado por su participación en la recaudación de los tributos. A Galicia se le adeudan por este concepto 330 millones de euros, a los que se unen 200 millones más del IVA del 2017 pendientes de transferencia y otros 170 millones de incentivos por cumplir dos años consecutivos con la regla de gasto.
«É preciso que o Goberno achegue eses fondos xa», manifestó el director xeral, pues la alternativa es incurrir en déficit para poder sostener los servicios públicos esenciales que presta la Xunta y que «non están en funcións». Eso sí, Corgos valoró que aunque la situación generada no tiene precedentes, las operaciones de crédito que haga la Xunta serán financiadas con cargo a los derechos de ingreso. «As consecuencias en forma de déficit, débeda e carga financeira que orixine esta situación deberán afrontarse polo causante e non polos galegos», señaló el responsable autonómico de Planificación e Orzamentos. Es decir, que el déficit que se genere será endosado al Estado.
Recurso judicial
Por su parte, la diputada Noa Presas volvió a apoyar la demanda que está haciendo la Xunta en este sentido, pero criticó la negativa del Gobierno gallego a utilizar la vía del recurso judicial para reclamar los 700 millones, un paso que sí dio la Generalitat de Cataluña.
Corgos descartó esta opción, al menos por el momento, pues puntualizó que la vía más útil y ágil para resolver este contencioso es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para buscar una solución multilateral a un problema que sufren todas las comunidades.
Presas se mostró escéptica y advirtió que lo que no iba a ningún lado es «a relación epistolar» que mantienen la Xunta y el Ministerio de Hacienda. «Entre carta e carta o Goberno do Estado tómanos o pelo ignorando ademais as demandas deste Parlamento», concluyó.
