Feijoo exige al Gobierno que pague todo lo que debe a las comunidades autónomas
GALICIA
Hacienda prevé desbloquear 4.500 millones de los ingresos a cuenta pendientes de pago
03 oct 2019 . Actualizado a las 22:41 h.El frente abierto durante las últimas semanas en torno a la financiación autonómica alcanzó ayer uno de sus niveles más elevados. Las comunidades no están para muchas bromas ante la asfixia que arrastran sus cuentas por la falta de liquidez debida a los retrasos de las entregas a cuenta que ha provocado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. El anuncio de que Hacienda podría desbloquear en los próximos días 4.500 millones de euros para agilizar estas transferencias abrió la espita a todo tipo de críticas contra el Ejecutivo en funciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba ayer estar buscando todas las fórmulas y vías legales a su alcance que faciliten estos pagos -correspondientes a la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este 2019- una vez que se anuncian nuevas elecciones. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda argumentaba que carecía de potestad para autorizar esos ingresos en virtud del dictamen de la Abogacía del Estado, que le desaconsejaba el pago de esas cantidades por estar en funciones.
«Tomadura de pelo»
Solo el anuncio de que se pudiese abrir un resquicio legal dio origen a toda una avalancha de reproches al Gobierno. Los primeros, del Ejecutivo gallego. El presidente Feijoo calificó la opción de «auténtica tomadura de pelo». La Xunta lleva semanas inmersa en un debate por la negativa del Gobierno central a ingresar los 700 millones de euros que le corresponden a Galicia. La Moncloa únicamente está dispuesta a habilitar la mitad, 330. Y Feijoo, desde Argentina, donde se encuentra de visita oficial, no tardó en reaccionar: «Pedimos que se libere a totalidade do diñeiro de forma inmediata, porque ese diñeiro non é do Goberno central, é da Facenda galega e dos servizos públicos galegos», insistió. El jefe del Ejecutivo gallego calificó el viraje de Hacienda de maniobra de campaña. «Ás poucas horas de coñecerse que haberá novas eleccións din que van pagar unha parte e que deixan a deber outra», un escenario que no solo rechaza, sino que lamenta.
A las críticas de Feijoo se unieron las de la portavoz del BNG. Para Ana Pontón el anuncio es «un pitorreo» y «o único que demostra é ata que punto as forzas estatais, chámense PSOE, PP, Ciudadanos ou Podemos, están instaladas na frivolidade».
La dirigente nacionalista volvió a instar a Feijoo a recurrir a la vía judicial si el Estado no reconoce la deuda de 700 millones. Entiende que «este modelo de financiamento non lle vai ben a Galicia». «Cando deciden desde Madrid, ao final xogan cos nosos recursos», lamenta.
Por su parte, el PSdeG-PSOE utilizó un tono más conciliador y apeló a su partido como «a maior garantía para o financiamento das comunidades autónomas». Incidió en que «a actualización das entregas a conta está garantida» y que se producirá «ao longo destes meses antes de fin de ano».
Hacienda enfría las expectativas respecto a los plazos en que prevé hacer las transferencias
4.500 millones de euros en los próximos 10 días. Precisamente la parálisis política es uno de los argumentos que maneja el Ejecutivo de Sánchez para aliviar la situación financiera de las autonomías. Sin embargo, fuentes próximas a Hacienda enfriaban ayer las expectativas iniciales al optar por la cautela. Así, fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia confirmaron a La Voz que desde Hacienda se ha trasladado la opinión de que están buscando una solución y esperan tenerla pronto: «No confirmamos que la solución sea este mes, solo que confiamos en encontrarla».
En este sentido, el departamento que dirige María Jesús Montero reaccionó con cautela a la hora de concretar plazos para proceder a estas entregas y calificó la opción de desbloqueo en los próximos diez días de «una posible vía» que se está evaluando, pero que «aún faltan elementos».
Lo que sí parece claro es que las comunidades no recibirán todo lo que se les debe.
PP, Cs y responsables autonómicos critican la decisión por electoralista
La tensión financiera de las cuentas autonómicas explica el cúmulo de reacciones que el anuncio de los pagos pendientes ha generado, sobre todo, en la clase política. Alberto Núñez Feijoo encabezó las críticas, pero no fue el único. El presidente de su partido, Pablo Casado, acusó al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña. Parece que «ahora» el Ejecutivo en funciones «sí que quiere desbloquear la entrega a cuenta de miles de millones de euros», añadió, al tiempo que calificó la decisión, de producirse en los términos anunciados, de que no es «serio». «A favor sí, pero hasta hace cuatro días era imposible por un informe de la Abogacía del Estado», subrayó.
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), acusó a Sánchez de «reírse» de las autonomías y actuar de manera «irresponsable» y electoralista.
Los afectados
En el ámbito autonómico, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció: «Primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna».
Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera electoralista y una «vergüenza» que Hacienda haya encontrado «milagrosamente» un resquicio legal para realizar los pagos justo «cuando empieza la campaña electoral».
El presidente del PP de Baleares, Biel Company, también ha hablado de «chantaje» por parte de Sánchez y Montero, mientras que su homólogo en Murcia, Fernando López Miras, se ha referido a «otra maniobra electoralista» con la que el PSOE «pretende sacar rédito electoral» de la asfixia a la que ha sometido a las comunidades autónomas.
El presidente de los populares en Aragón, Luis María Beamonte, ha acusado al Ejecutivo en funciones de haber «ahogado sin sentido a comunidades y ayuntamientos» y ha defendido que «no se puede ser tan irresponsable». Su homóloga en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, lo considera una «vergüenza».
Un cambio radical: el 27 de agosto era totalmente ilegal, hoy no
El pasado 27 de agosto, la Abogacía del Estado enviaba un informe al Gobierno con un mensaje muy claro: no se pueden desbloquear los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas. ¿La razón? El Gobierno está en funciones y por tanto no puede gestionar esas cantidades. En total, las comunidades esperaban unos 5.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 2.500 tras la revisión de una aplicación incorrecta del IVA. La contundencia con la que el Gobierno en funciones hizo valer ese informe es la causa de la intensidad de la protesta de las comunidades afectadas porque el único cambio que se ha producido entre el 27 de agosto y 22 de septiembre es la seguridad de que en noviembre se volverán a producir unas elecciones generales. Según el Gobierno, la posibilidad que ahora se abre para el desbloqueo de esos fondos, al menos en parte, es un «resquicio legal» que permitirá a Hacienda efectuar esos reintegros a los Gobiernos autonómicos en un plazo de unos días sin tener que vulnerar el dictamen de la Abogacía del Estado que decía hace menos de un mes que era «totalmente imposible».