Solo se garantiza abonar las entregas a cuenta, 330 millones de los 700 que reclama Galicia
10 oct 2019 . Actualizado a las 10:38 h.El Gobierno cuenta con presentar «en días» la solución para poder pagar a las comunidades las entregas a cuenta (su participación en los ingresos del Estado) del 2019, unas cantidades que les adeuda desde principios de año y que quiere resolver en plena precampaña electoral, y con varias comunidades asfixiadas por la carencia de ese dinero.
El primero en avanzar esa solución fue el propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En una entrevista aseguró que ya tiene en su poder «todos los informes» necesarios que le permitirán desbloquear el traspaso a las comunidades «en los próximos días» a través de un decreto ley. Se dispone para ello de un informe de la Abogacía del Estado, aunque el Ministerio de Hacienda ha evitado concretar la fórmula.
El departamento de María Jesús Montero buscaba desde hace semanas la fórmula legal que le permita transferir estos fondos, después de que se pasase todo el verano asegurando que un Gobierno en funciones y con los Presupuestos del Estado prorrogados del 2018 no estaba capacitado para proceder así. Un cuestionado informe de la Abogacía del Estado impedía esos pagos.
Posteriormente, en una entrevista a la agencia Efe, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó esa aprobación de la liberación de fondos «en días», lo que, además, aseguró, sentará un «precedente» porque el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligar esas entregas de los Presupuestos Generales del Estado, como sucede ahora. La ministra evitó confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes, y tampoco lo hicieron fuentes de la su departamento.
Con la inminente aprobación de este decreto ley, «se fortalece la autonomía de las comunidades» que ya «no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos», dijo Montero. Consideró además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un «precedente fundamental» para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permitirá desligar esos fondos de las cuentas del Estado, sobre todo en situaciones de bloqueo como las actuales. Y, a la vez, que las comunidades puedan elaborar sus cuentas. En Galicia, el presidente Feijoo llegó a sugerir que prorrogaría las cuentas del 2019 porque desconocía con qué fondos del Estado podría contar para el 2020.
El desbloqueo de los fondos que plantea Madrid supondría unos 330 millones en Galicia. Pendientes y ya presupuestados por la Xunta. Sin embargo, no incluye toda la deuda que le reclama la Xunta, y que alcanza los 700 millones entre una mensualidad del IVA del 2017 (170 millones) y compensaciones por cumplir con las reglas de gasto y déficit (200 millones). Es decir, se podría liquidar menos de la mitad de lo que le corresponde.
A la espera de disponer de ese dinero, el Gobierno gallego ha tenido que ir tirando de nuevas pólizas de crédito y también de retrasos en los pagos a proveedores (aún por debajo de los 30 días que marca la norma) para evitar recortes de servicios públicos que otras comunidades sí han anunciado.
La Xunta no descarta «ningunha vía» para exigir toda la deuda pendiente
Fuentes de la Consellería de Facenda han confirmado que no tienen ninguna novedad sobre esos pagos pendientes. En todo caso, el Gobierno gallego no renuncia «a ningunha vía» para poder percibir íntegramente los 700 millones que le adeuda el Estado desde que gobernaba Mariano Rajoy (hay cantidades pendientes del 2017 por una decisión de Cristóbal Montoro). Ese «ningunha vía» que dicen en la Consellería de Facenda incluye acudir a los tribunales para que Madrid complete todo el pago pendiente, y no solo los 330 correspondientes de las entregas a cuenta.
Esa vía judicial es la que ha abierto Cataluña, aunque tiene un inconveniente: los tribunales pueden fallar dentro de dos o tres años, y la Xunta estar atada hasta entonces. El Gobierno gallego confía en poder solventar este problema en alguna reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debería haber antes de enero.