La Lei de impulso demográfico llegará al Parlamento con más medidas de conciliación

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO

GALICIA

E CUIÑA

La conselleira Fabiola Garcia pide apoyo unánime de los grupos políticos ante una iniciativa «de país, non de Goberno»

23 ene 2020 . Actualizado a las 16:26 h.

La Lei de impulso demográfico que ha desarrollado la Consellería de Política Social ha dado su último paso en el ámbito ejecutivo y está lista para tramitarse en el Parlamento, donde Fabiola García confía en que obtenga un apoyo unánime porque es una iniciativa «de país, non de Goberno». La conselleira, que elevó el documento este jueves para su aprobación en el Consello da Xunta, explicó en la rueda de prensa posterior el espíritu de una Lei de la que destaca una elaboración muy compartida, «enriquecida» socialmente con aportaciones desde diferentes ámbitos -citó especialmente el trabajo realizado por el Observatorio demográfico- y que ha añadido alguna novedad a las ya anunciadas que incide en las medidas de conciliación. Así, García adelantó que en las próximas semanas se impulsarán medidas para avanzar en la implantación de «miniescolas infantís» en las empresas que así lo soliciten, haciéndose cargo la Xunta de pagar a los cuidadores, así como la articulación de recursos y organización para ampliar la cobertura que ofrecen en la actualidad las guarderías, para que los padres puedan tener apoyo también en los meses no lectivos, incluyendo el verano, las vacaciones de Navidad o las de Semana Santa. «E estamos traballando para que haxa horarios máis amplos», apuntó. 

Tanto el presidente Feijoo como la conselleira coincidieron en que se trata de una Lei que responde al principal problema estructural de Galicia, el declive demográfico, aunque García admitió que ningún gallego va a decidir tener hijos «porque o pida o Goberno». Ahora bien, entre los que quieren tenerlos y no pueden por motivos o de conciliación, sí van a tratar de ofrecer el apoyo institucional de la Xunta a través de medidas transversales en toda la estructura autonómica cifradas en unos 800 millones de euros. «O obxectivo non é que haxa máis nacementos, que ogallá, senón apoiar ás familias que libremente queiran ter descendencia»