Las tres prórrogas dadas a Audasa eliminaron el fin de los peajes para el 2012 primero y para el 2023 después
30 ene 2020 . Actualizado a las 14:08 h.Hace ocho años que la autopista gallega AP-9 tendría que haberse visto liberada de sus peajes y ser gratis para todos sus usuarios. Así lo establecía el decreto firmado por Franco en el pazo de Meirás en agosto de 1973. Pero con la construcción del vial aún en marcha, el ministro de Obras Públicas de septiembre de 1977, Joaquín Garrigues Walker, modificaba por primera vez los plazos de entrada en servicio de varios tramos de la autopista gallega y con ello otorgaba a la concesionaria quince meses más de peajes, pasando su eliminación del 19 de agosto del 2012 inicial a la medianoche del 20 de noviembre del 2013. Pero aún habría dos prórrogas de la concesión más: una con Josep Borrel como ministro en 1994 para prolongar los peajes hasta el 2023, y la última, hasta ahora, otorgada en el año 2000 por el popular Rafael Arias Salgado hasta el 2048.
Ha habido autopistas que han sufrido más prórrogas incluso que la gallega, como el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón que sumó cuatro prolongaciones en su explotación. Pero aún así se le añadieron en su caso un total de 24 años más y 45 en total de concesión, que ya venció a finales de noviembre del 2018, momento en el que se quedó sin peajes. Y otras nueve concesiones han visto, al igual que la gallega, alargar su calendario de levantamiento de barreras en tres ocasiones. Pero ni en el primer caso ni en los demás, ninguna de las autopistas cuyas concesionarias obtuvieron prórrogas lograron tantos años a mayores como los que se endosaron a los usuarios de la AP-9.
En total fueron 36 los años otorgados a Audasa por encima del período concesional. Solo en la AP-68 se añadió un plazo de explotación en manos privadas que se acerque al caso de la autopista gallega, pero los 31 años añadidos en tres tandas al vial entre Bilbao y Zaragoza prolongan la existencia de peajes solo durante 53 años en total, en lugar de los 75 que regirán en la autopista del Atlántico.
Tres veces se prorrogó también tanto la recién liberada AP-4 andaluza (Sevilla-Cádiz) como en la AP-7 Montmeló-Papiol, pero la primera aguantó los peajes menos de medio siglo y la concesión catalana lo hará al final 47 años tras sumar, como en el caso anterior, un total de 26 años de concesión a su plazo original.
Veintitrés años se alargó la concesión en la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, pero el año que viene ya será gratuita tras 48 años de peajes, 27 menos que en la AP-9. Y veintiún años se añadieron también en la AP-7 entre Tarragona y Valencia, que acaba de hacerse gratuita tras 48 años de nuevo en manos privadas. Dos decenios se le otorgaron tras tres ampliaciones a la AP-7 de Valencia a Alicante, pero de nuevo la adiciones no superaron la existencia de peajes durante más de 48 años.
Sin añadidos
Hasta trece concesiones de autopistas de la red del Estado y de las autonomías no han registrado ningún alargamiento de sus períodos de explotación privada, entre ellas las dos dependientes de la Xunta, que serán de cobro durante medio siglo, plazo que se cumple en el 2045. El resto, otras 17 concesiones acumulan añadidos que fluctúan entre 3 y 17 años. Y solo un caso más, también en manos de una de las empresas de Itínere, como Audasa, la prórroga le ha servido a la concesionaria para eternizar su explotación durante 75 años como en la AP-9. Es la situación que deben afrontar leoneses y asturianos en la AP-66 de León a Campomanes donde con un solo plazo más se ha ampliado por 29 años la concesión, pasando del 2021 inicial al 2050.
Dos de 75 en Galicia
Además de la AP-9 y la AP-66 astur-leonesa solo la también gallega AP-53 tiene por delante 75 años de explotación privada con peajes. El vial que une Santiago y al alto de Santo Domingo (Dozón) es sin embargo una de las que mantiene desde el inicio el plazo de concesión establecido cuando se otorgó a Acega el mantenimiento y conservación de la infraestructura.
La ley de carreteras en régimen de concesión de 1960 establece que no se pueden superar los 99 años de explotación en manos privadas para las autopista, plazo que se llegó a barajar para compensar a Audasa por las obras de ampliación en Rande y Santiago, pero finalmente se optó por concederle durante 20 años subidas extra de un 1 % anual en todos los peajes del vial.