Tras el impasse derivado de las elecciones, negociaciones y formación de gobierno, las comunidades autónomas han recibido el primer -decir que espero que sea el último sería un tanto iluso- jarro de agua fría del nuevo Ejecutivo: la entrega de los 2.500 millones que se les adeuda por el cambio de criterio en la imputación de los ingresos del IVA en el año 2017, de los cuales 200 son de Galicia. Es un tema que, según la Ministra de Hacienda, ha «prescrito».
Obviamente, la primera lectura hay que hacerla en clave gallega. Esa cuantía equivale al 2,7 % de los ingresos procedentes del sistema de financiación que figuraban en el presupuesto de la comunidad para el año 2019, que ahora el Ejecutivo gallego, a pesar de corresponderle, no ha cobrado y no debería, ni creo que le dejen, reconocer como derecho de ingreso. Esto, de entrada, va a suponer el incumplimiento de los objetivos de déficit, lo que va a penalizar a Galicia a pesar de que, en el ejercicio de la responsabilidad a la que está obligada, pero que no abunda en el resto de comunidades, ha cumplido los últimos años estrictamente las reglas de juego. Para aclarar mejor la importancia de lo que estamos hablando, hemos de decir que esos 200 millones superan toda la inversión y apuesta por la I+D+i, tan necesaria para nuestro tejido productivo, que figuraba en los presupuestos gallegos.
Pero más allá de la cifra y de lo que implica para Galicia, el mantenimiento de la posición manifestada por el Gobierno central va a suponer que las relaciones financieras entre este y las comunidades -establecidas en un sistema de financiación que ya ha sobrepasado su vigencia, y que requiere de un replanteamiento completo por la realidad que genera de falta de justicia y suficiencia-, pueden ser alteradas unilateralmente, rompiendo los principios de seguridad, respeto y lealtad bajo los que deben operar. En suma, es un ataque más a la ya tan vapuleada autonomía financiera sobre la que teóricamente hemos construido este Estado.
Por todo ello, y con independencia del origen del problema, de que el Gobierno de entonces ya tenía que haber articulado una solución de trámite en paralelo al cambio en la operativa del IVA que lo generaba, y de la situación de transitoriedad que hemos vivido estos años ligada a los cambios de Ejecutivo y a los procesos electorales, lo que procede es dejar de echarse las culpas mutuamente y articular los procedimientos necesarios para algo tan simple como es cumplir lo acordado, que además está plasmado en una norma con rango de ley. Esto, que parece obvio, que se exige desde las administraciones al conjunto de la sociedad, debe ser también la norma básica de todo gobierno. Lo contrario es atentar contra el principio de seguridad jurídica, básico en cualquier ámbito, pero de forma especial en todo lo que tiene que ver con la economía. Por eso creo que en la solución de este problema nos jugamos algo más que 200 millones.