España recauda del usuario un 76 % menos que la media europea y el Gobierno necesita ingresos para conservación
16 abr 2021 . Actualizado a las 12:49 h.Si se echa un vistazo al entorno europeo más cercano -a Portugal, sin ir más lejos-, se le suma la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar al Congreso el debate sobre la financiación de la red de autovías y también el interés de la patronal por introducir el pago por uso, la realidad resultante está más cerca de que las autovías que ahora son gratuitas no lo sean a medio plazo. La política de reducción de emisiones también confluye en este objetivo que de momento se plantea con sordina por su evidente impopularidad.
¿Hay muchas vías de pago en España?
Aunque hay casos sangrantes como las continuas subidas de tarifas en la AP-9, lo cierto es que España es uno de los países de la UE con menos vías de alta capacidad tarificadas a pesar de tener una de las redes más extensas (17.000 kilómetros). Las que tienen algún tipo de peaje no llegan al 20 %. En Francia el porcentaje se eleva al 79 % y en Italia, al 86 %. Según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia, realizado por la profesora universitaria Mar González Savignat, este porcentaje es el más bajo de la UE e implica que España recauda del usuario un 76 % menos que la media europea. El resultado es «la mayor red de alta capacidad de Europa, pero la peor conservada porque no hay recursos suficientes», concluye González Savignat.
¿Por qué se plantea ahora el fin de la gratuidad?
Ante el final de las concesiones de cerca de 1.000 kilómetros de autopista que el Ejecutivo de Sánchez decidió no prorrogar, aumentará el peso presupuestario de la conservación de carreteras, que arrastra un déficit evidente por la falta de mantenimiento durante los años más duros de la crisis, especialmente entre el 2010 y el 2015. Los algo más de 800 millones que se destinan anualmente a este fin son insuficientes, pues el Banco Mundial recomienda invertir el 2 % del valor patrimonial de la red, «lo que supondría dedicar 3.700 millones de euros anuales a mantenimiento de carreteras en España». El déficit público y la necesidad de desviar ese dinero a otros ámbitos o proyectos -más vendibles políticamente- explica que se remueva este asunto en el Congreso.
¿Aborda el Gobierno con claridad el pago por uso?
«Revisaremos el modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad encaminado a garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente». Esta es la breve referencia a la financiación de la red viaria de alta capacidad en el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos. El Ministerio de Transportes, sin embargo, no quiere cargar en solitario con el coste político de la decisión y plantea una subcomisión de estudio en el Congreso donde se consensúe una medida que tape el agujero presupuestario y mutualizar así el desgaste que provocará la decisión. En Transportes creen que el pago por el uso de autovías es una de las opciones, pero prefieren no abanderarla.
¿Se trata de un pago justo?
Depende del punto de vista. Alguien que no tiene coche está pagando con sus impuestos la construcción y el mantenimiento de carreteras. Y, en cambio, los camiones, que son los que más desgastan la capa de rodadura, circulan de forma gratuita sin que se les aplique la euroviñeta que ya han adoptado cinco países europeos. Los transportistas, con razón, alegan las múltiples cargas que soportan y que este nuevo modelo encarecería las mercancías que llegan al consumidor. El problema es que el pago no distingue de niveles de vida ni de ingresos. No hay progresividad, al tiempo que se penalizaría a los trabajadores que más se desplazan.
¿Es imparable por la inercia europea?
Sería extraño que España permaneciera aislada de la tendencia generalizada en el resto de Europa para que sea el usuario el que pague por el desgaste de las infraestructuras. Un informe realizado por la consultora A.T. Kearney para Seopán, la patronal de las constructoras, constata que más de veinte países europeos tienen el 100 % de su red de alta capacidad tarificada.
¿Es necesario el consenso para aprobarlo?
El Gobierno busca el consenso para compartir el coste político de una decisión que será muy polémica, pero parece que quiere enmarcarlo en un pacto más amplio sobre la política de infraestructuras. El acuerdo con la oposición serviría para evitar las críticas por una medida de este calado que, no obstante, el PP valoró en distintos momentos, pero especialmente durante la travesía de la crisis.
