Varios cargos del partido se desmarcan del pacto alcanzado con el PP en el que se rechaza el plan del Ministerio de Transición Ecológica
18 feb 2021 . Actualizado a las 09:31 h.La decisión del Gobierno central de prohibir la caza del lobo ibérico, previa inclusión en la lista de especies de especial protección, desató un conflicto de envergadura con los ganaderos y las comunidades autónomas como Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, en cuyo territorio se ubican en torno al 95 % de las manadas, al tiempo que está provocando fisuras tanto en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez como en las organizaciones políticas como el PSOE gallego.
El proyecto conservacionista abanderado por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se topó de frente con un adversario inesperado, como el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que recogió el sentir de los ganaderos y los sindicatos agrarios al advertir que la propuesta del veto a la caza del lobo se hizo sin tener en cuenta la opinión de su departamento, que hasta en dos ocasiones manifestó que el actual nivel de protección de que goza el lobo «nos parecía suficiente».
A esta disensión se une también la que ha aflorado en Galicia tras el acuerdo refrendado este martes por PP y PSdeG en el Parlamento gallego, en el que ambos grupos expresan su «desconformidade» con la inclusión del lobo ibérico en la lista de especies protegidas y emplazan al Gobierno de Pedro Sánchez a «paralizar» sus planes para mantener el actual estatus legal de las poblaciones al norte del río Duero.
El acuerdo parlamentario, del que se descolgó el BNG, al objetar que se intentaba convertir al lobo en «chivo expiatorio» de los problemas que puede tener el sector ganadero, fue negociado al alimón por la diputada popular Marisol Díaz Mouteira y el socialista Martín Seco, que hicieron valer así las posiciones de los sindicatos de referencia, como Xóvenes Agricultores-Asaja o Unións Agrarias, este último adscrito a la UGT, pero también del nacionalista Sindicato Labrego Galego, cuya posición en torno al lobo, según Díaz Mouteira, está más próxima a la que defienden PP y PSOE que a la que exhibe el BNG.
No obstante, bastó con que trascendiera el contenido del acuerdo parlamentario para que saltaran las chispas en el seno del PSOE gallego. Uno de los primeros en levantar la voz contra el pacto sellado con el PP fue Miguel Alonso Pumar, alcalde de Cariño y vocal en la ejecutiva de la Fegamp, que a través de un tuit declaró sentirse «perplejo antes ciertas posiciones políticas», como la prohibición de la caza del lobo, que considera «más cercanas a lo decimonónico que a lo progresista». Frente a la posición plasmada por el PSdeG en la Cámara de O Hórreo, Alonso Pumar le brinda todo su apoyo a la «valiente y fantástica» ministra Teresa Ribera.
En la misma línea se expresó el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, persona muy próxima al presidente Pedro Sánchez, y que al igual que el diputado Martín Seco forma parte de la ejecutiva socialista de Gonzalo Caballero. En otro comentario subido a Twitter se desmarca de la posición del PSdeG para respaldar la del Gobierno central: «Apoyo la prohibición de la caza del lobo», apunta, antes de sostener que el lobo «no despobló el rural», por lo que traslada su apoyo a la ministra Ribera y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
