El Supremo avala que Galicia recupere los 204 millones que le debe el Estado
GALICIA
Ya estimó el recurso de Castilla y León por la recaudación del IVA del 2017
28 abr 2021 . Actualizado a las 09:37 h.El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y obliga al Estado a pagar a la comunidad vecina 182 millones de euros que se le adeudan de la liquidación de un mes de IVA del 2017 que nunca fueron transferidos a las arcas autonómicas. Pero la factura será mucho más onerosa, de unos 2.500 millones de euros, porque la lógica y la dinámica de la Justicia invitan a pensar que detrás de esta resolución vendrán muchas más, entre ellas la iniciativa judicial que promovió Galicia en agosto del 2020, reclamando un montante de 204 millones de euros por los mismos motivos.
Si los servicios jurídicos de la Xunta han sido diligentes en la presentación del recurso, la comunidad podrá incorporar a sus cuentas un dinero que lleva reclamando desde el verano del 2018, cuando este agujero sin resolver afloró en la primera entrevista que mantuvo Alberto Núñez Feijoo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Recién llegada al Gobierno de España, la andaluza recordó que el desfase en la recaudación del impuesto era una responsabilidad del anterior ministro, Cristóbal Montoro, del PP, que había cambiado la fórmula para contabilizar esas transferencias (con el sistema de IVA en tiempo real), dejando en un limbo el mes de diciembre del 2017.
Montero hizo público su compromiso de que Galicia recuperaría ese dinero en cuestión de meses, por lo que la Xunta lo consignó en sus presupuestos del 2019. Pero como ese dinero nunca llegó, la Consellería de Facenda tuvo que reconvertir ese agujero en créditos o déficit, comprometiendo los balances económicos.
La ministra convirtió ese problema en un frente político y vinculó el pago a la aprobación de las primeras cuentas de Pedro Sánchez, que fueron tumbadas en febrero del 2019. Meses más tarde esgrimió la incapacidad del Gobierno por estar «en funciones». Un año después, tras dos informes contradictorios de la Abogacía del Estado, la ministra argumentó que el plazo de pago había vencido y que no habría abono, para enfado de los presidentes territoriales, incluidos varios barones socialistas, como el asturiano Barbón o el manchego García-Page, que este martes celebraron la inminente resolución que les aportará a sus arcas 130 y 75 millones, respectivamente.
Tras conocer la deliberación del Supremo, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, tiró de prudencia, aunque reconoció que «todo indica» que los 204 millones llegarán antes o después «porque son dos galegos». El responsable financiero de la Xunta celebró que la sentencia haya entrado «no fondo do asunto», porque, a su juicio, esa profundidad en el análisis jurídico garantiza un recorrido corto a los argumentos y debates abiertos por el Gobierno de España para no abonar el dinero. El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, señaló que el recurso gallego es «moi semellante» al de Castilla y León, por lo que mantiene «moitas esperanzas» en que también haya un pronunciamiento favorable. En concreto, la sentencia reconoce que, con su actuación, el Gobierno de España ha vulnerado la autonomía financiera de la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco (PP), «produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero» para la parte demandante, lo que conlleva además «un enriquecimiento indebido para la Administración de Estado».
Un problema «heredado»
Consultado el Ministerio de Hacienda, su reacción consistió en pedir tiempo para el análisis pormenorizado de la resolución y de sus consecuencias, así como también para recordar que se trata de un problema «heredado» de la Administración liderada por Mariano Rajoy.