El Gobierno asegura que solo la prórroga concedida a la AP-9 por Aznar está en cuestión
GALICIA
Anuncia su voluntad de colaborar con Bruselas, pero avanza que los 25 años extra otorgados en el año 2000 contaron con el aval del Consejo de Estado, la Abogacía estatal y el Consejo de Ministros de la época
24 sep 2021 . Actualizado a las 21:06 h.El Gobierno central está convencido de que el procedimiento de infracción abierto por el Consejo de Europa contra las prórrogas otorgadas a Audasa en la concesión de la AP-9 se centra únicamente en la aprobada por el Gobierno de José María Aznar de las tres que ha registrado la historia de la autopista. Según su información, quedaría fuera de este proceso dado a conocer el jueves por Bruselas la prolongación en la concesión por diez años que facilitó en 1994 el Gobierno de Felipe González, y la de un año registrada en la etapa de Adolfo Suárez, la única que no fue denunciada por la plataforma de consumidores En-Colectivo.
«La prórroga cuestionada por Bruselas se aprobó en el año 2000, vía real decreto 173/2000 del 4 de febrero, como compensación por la construcción del tramo de autopista Fene-Ferrol, de 9,1 kilómetros, por la rebaja de tarifas aplicada y para compensar la gratuidad del peaje para movimientos internos en el entorno de Vigo, así como la gratuidad para los movimientos internos en el nuevo tramo Fene-Ferrol», mantiene el Ministerio de Transportes. Añade, que en todo caso esa ampliación del tiempo de concesión contó con el visto bueno del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado y el Consejo de Ministros de Aznar, pero añade en su valoración del expediente de infracción que en todo caso «colaboraremos activamente con Bruselas para aclarar la procedencia de la decisión tomada por otro Gobierno hace más de veinte años».
Detalla el Gobierno que el procedimiento abierto lo es en fase de presunción de irregularidades, hasta que no haya un dictamen firme tras escuchar las explicaciones del Ejecutivo español. Eso sí, indice Transportes en que la prórroga de 25 años se concedió en el año 2000 cuando la AP-9 estaba en manos de una empresa pública y tres años antes de su privatización.
El departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez subraya que «las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que defiende este Gobierno van justo en la dirección contraria de la decisión tomada en el 2000 sobre la AP-9: no prorrogar concesiones de autopistas y plantear un nuevo sistema de financiación de las carreteras justo y equilibrado territorialmente que garantice la seguridad, el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestras infraestructuras y el sistema de transporte en su conjunto».
