Feijoo cree que el expediente de la UE por la AP-9 no tendrá mucho impacto económico
SANTIAGO
El presidente de la Xunta considera que la decisión justifica la solicitud para la transferencia de la autopista a Galicia
24 sep 2021 . Actualizado a las 15:03 h.«Non son moi optimista de que isto teña algún impacto económico en favor de Galicia». Así valoró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la declaración por parte de la UE como ilegales de las prórrogas de la AP-9 otorgadas a Audasa. Para el titular del ejecutivo gallego Galicia lo que necesita es la transferencia de la autopista, ya que «ten que ser xestionada polos galegos, porque somos os galegos os que a pagamos lamentablemente todos os días a pesar da rebaixa que, sen dúbida, é unha excelente noticia».
«Se se cumpriu ou non o principio de publicidade e concorrencia e se iso vai en contra da normativa europea, correspóndelle ao Tribunal Europeo e nós acataremos a sentencia que se traslade no seu caso; pero dáme a sensación de que isto moita operatividade e impacto na situación da autoestrada en Galicia non vai ter, o que pode haber é un aviso dun incumprimento para que non volva a ocorrer», manifestó el mandatario de la Xunta tras un acto en el Gaiás esta mañana.
Feijoo afirmó que lo único que conocen es que desde la UE se están estudiando las decisiones de las prórrogas desde los años 70 de los Gobiernos de UCD, PSOE y PP al considerar que faltó el requisito de publicidad y la concurrencia. «Tamén faltou un requisito na última decisión do goberno de Zapatero de ampliar a autoestrada na ponte de Rande e na circunvalación de Santiago dándolle esa obra á concesionaria e pagándolle co incremento da peaxe da autoestrada», afirmó. Por ello, añadió, ahora hay que ver si esas «decisións reiteradas dos Gobernos desde a década dos 70 son contrarias á competencia e o dereito comunitario». Para Feijoo, está situación «vén a xustificar a solicitude do Parlamento e o goberno galego dunha transferencia desa autoestrada a Galicia para que sexa o goberno democrático de Galicia o que toma conta da autoestrada que é a columna vertebral viaria dos galegos, os que a utilizamos e a pagamos». Por eso indicó, que vuelven a reclamar la transferencia de la AP-9 y «veremos en que queda ese expediente europeo», que no solo está abierto a España sino también a otros países ante supuestos similares.
La Unión Europea declara ilegal la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta el 2048
Bruselas da dos meses a España para alegar contra su resolución. Por un caso similar dictaminado con anterioridad, la Comisión Europea amenaza a Italia con llevarla ante el tribunal de justicia comunitario. Ana Pontón tacha el caso de «estafa»
Carlos Punzón
Las tres prórrogas a las que ha sido sometida la concesión de la autopista AP-9 se concedieron al margen de las normas legales de la Unión Europea. Se otorgaron de manera directa y sin haber dado la oportunidad a posibles competidores de Audasa de presentar ofertas más ventajosas para los usuarios del vial y para las arcas públicas. Así lo estima la Comisión Europea que ayer advirtió al Gobierno de España que ha decidido emprender acciones jurídicas contra la forma en la que los gobiernos de UCD, PSOE y PP han prolongado la concesión de la autopista Ferrol-Tui del 2012 inicialmente previsto al 2048 y con ello la pervivencia de sus peajes durante 75 años.
El gobierno comunitario insta al Ejecutivo español a garantizar las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión, dado que España, y también Italia, «han ampliado la duración de las concesiones de autopistas sin iniciar previamente procedimientos de licitación». Dice la Comisión que el derecho de la UE establece que «la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión», con lo que debería haberse convocado un concurso público cada vez que el Gobierno pretendiese hacer obras en la autopista, mejorar sus servicios o ampliar su extensión.
Los Ejecutivos de Adolfo Suárez en 1977, el de Felipe González en 1994, y el de José María Aznar en el 2000 le dieron 36 años más de negocio a Audasa en forma de sucesivas prórrogas por acuerdos pactados con la propia empresa, sin que ninguna otra tuviese opción alguna de plantear otras condiciones.
Pelea jurídica desde Vigo
El dictamen de la Comisión Europea dado a conocer ayer se produce como respuesta a la demanda presentada por abogados de Vigo agrupados en la plataforma En-Colectivo. Los letrados gallegos basaron su reclamación en un fallo similar al que ahora se produce sobre la AP-9 a cuenta de una prórroga que el Gobierno italiano concedió a la empresa que explota la autopista A-12 Livorno-Civitavecchia sin haber hecho anuncio de licitación alguno. El caso era similar al de la autopista gallega, pues a cambio de una obra de prolongación de la infraestructura en 36,6 kilómetros, para alcanzar los 242 (doce más que en la AP-9), el Ejecutivo transalpino le concedió a la empresa concesionaria 18 años más de explotación del vial.
El Gobierno de Francisco Franco decidió en 1973 que la concesión de la autopista gallega se extendiese durante 39 años, aunque llegó a barajar que el plazo total fuese de 45. En su decreto, el dictador dejó firmado que dicha explotación no podría superar el tiempo establecido, pero en 1977 Joaquín Garrigues Walker (UCD) movió el calendario del 19 de agosto del 2012 al 20 de noviembre del 2013 para facilitar una mayor financiación de las obras aún en ejecución.
En 1994, Josep Borrel (PSOE) volvió a estirar los peajes y la concesión a agosto del 2023 a cambio de hacer gratuitos los tramos urbanos de la autopista y autorizar su prolongación hasta Tui, como sin embargo ya estaba planteada en el concurso inicial.
Y en el 2000 Arias Salgado (PP) acabó de completar la concesión en favor de Audasa hasta los 75 años a cambio de que la empresa prolongase el vial hasta Fene para dar a Ferrol otra salida por la autopista a mayores de la que tenía por el puente de As Pías y que había inutilizado en un temporal la plataforma petrolífera Discoverer Enterprise.
Las tres prórrogas fueron concedidas a Audasa de manera directa, sin posibilidad alguna para cualquier otro licitador, y eso es lo que la Comisión Europea advierte que vulnera la ley.
Nueva concesión
La Comisión reitera que, según el derecho de la UE, «la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación», señala al Gobierno español.
Indica además que Italia y España disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas y de no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado en el caso español, como paso previo a acudir al Tribunal Europeo, camino este último al que se ve de nuevo abocado ya el asunto de la autopista transalpina.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fue la primera en reaccionar al dictamen comunitario señalando que este marca el camino para acabar con las ampliaciones de la concesión y recuperar la gestión de la autopista. La nacionalista añade que incluso ha quedado cuestionada la legalidad de los peajes cobrados durante las sucesivas ampliaciones y que en caso contrario permitiría a los gallegos viajar de norte a sur gratis desde el año 2012.
«A concesión non cumpre coa legalidade, é o que din as autoridades comunitarias e, polo tanto, hai que poñerlle fin», dice Pontón que tacha de estafa los peajes que se vienen cobrando desde la década pasada a tenor de la interpretación de Bruselas. «A maior parte das autoestradas coetáneas da AP-9 xa están libres de peaxes ou están a punto de caducar, mentres que grazas ao agasallo das sucesivas ampliacións do PP e do PSOE, Galiza ten a lousa das peaxes até 2048 nunha vía que é esencial para o país», remarca Ana Pontón.
El Gobierno no hizo ayer comentarios sobre el conflicto legal, mientras que el PPdeG se desmarcó de las decisiones para ampliar la concesión. «Malia que se trata de medidas que se adoptaron en contextos determinados nos que cada Goberno considerou que esas eran as mellores alternativas para afrontar as necesidades da infraestrutura, se as analizamos desde a perspectiva actual e especialmente desde a dos usuarios da autoestrada, son, loxicamente, cuestionables», aseguraron en un comunicado.
Las consecuencias de la decisión de la Comisión Europea
En principio, nada cambia. Italia lleva dos años con un litigio igual y va para largo
Carlos Punzón
La resolución de la Comisión Europea sobre la AP-9 es realmente histórica para España. Casi todas las autopistas estatales han logrado aumentar los plazos de su explotación, casi siempre privada y sometida al pago de peajes, a través de la misma fórmula que Bruselas no estima legal: acuerdo particular entre la Administración y la empresa, sin publicidad previa y sin que ninguna otra sociedad aspirante pueda ofrecer otras condiciones. Pero a no ser que el Gobierno de España asuma el criterio comunitario sin más y anule la concesión a Audasa, cosa que difícilmente ocurrirá, los usuarios de la AP-9 seguirán pagando peajes y la empresa convirtiendo en beneficio neto uno de cada tres euros que recauda.
Si el Gobierno rompiese hoy el contrato con Audasa, la concesionaria llevaría el caso a los tribunales para exigir una indemnización multimillonaria, pero lo mismo harían el resto de las empresas del sector si alguien cuestiona ante la Justicia o la UE cada una de las concesiones que han sido ampliadas en su tiempo de explotación por el mismo método, sin concurrencia.
De entrada hay que señalar que, aunque Bruselas es tajante en sus afirmaciones sobre la falta de legalidad en la ampliación de la concesión de la AP-9, da dos meses al Gobierno para que alegue sus razonamientos en contra. Pero ahí no se acaba el proceso.
Sentencia sin acatar
Italia ha hecho oídos sordos hasta ahora no solo a un dictamen similar sobre la falta de legalidad en la prórroga de su autopista Livorno-Civitavecchia, sino que no ha acatado tampoco una sentencia que el 21 de marzo del 2019 dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de una demanda presentada dos años antes por el Gobierno comunitario contra el de Roma respecto a la normativa de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
Es decir, que la Comisión Europea mostró sus colmillos a Italia en el 2017, los afiló con el papel de la sentencia señalada dos años después y aún en el 2021 sigue intentando que se reponga la legalidad.
El dictamen de ayer subraya en el caso italiano que su Administración dispone de esos dos meses desde hoy para responder a las objeciones planteadas desde Bruselas y avisa de que, de no hacerlo, llevaría de nuevo a la representación del país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A partir de ahí y con un fallo judicial condenatorio, la UE podría imponer sanciones progresivas o diarias a Italia hasta que solvente la irregularidad detectada.
Los abogados vigueses que pleitearon en el caso de la AP-9 han llegado a señalar que, de obtener una sentencia que les dé la razón, la empresa o la Administración subsidiariamente podrían tener que llegar a devolver los importes de los peajes cobrados durante los años prorrogados, es decir, desde el 2012.
