La UE deja en el aire la validez de los peajes pagados en la AP-9 desde el 2013
GALICIA
El grupo que propició el fallo de Bruselas prepara su reclamación en masa
25 sep 2021 . Actualizado a las 08:50 h.Unos 1.161 millones de euros pagados en peajes en las cabinas de la autopista gallega AP-9 están en cuestión. El dinero sufragado por los usuarios del vial desde el 2013 a hoy podría ser reclamado tras el dictamen de la Comisión Europea que el jueves invalidó el modo en el que se concedieron a Audasa prórrogas por 35 años sobre el contrato inicial en la gestión de la autopista.
En-Colectivo, la plataforma de consumidores que denunció dichas ampliaciones en la concesión del vial gallego, se prepara ya para hacer «una reclamación en masa» en nombre de todos aquellos usuarios de la AP-9 que presenten comprobantes de pago de los últimos nueve años para exigir su devolución. Entiende dicha asociación que, al haber declarado nulas la Comisión Europea dichas prórrogas, al Gobierno de España no le queda otra salida más que dar por zanjada la concesión y liberar la autopista, abriéndose además la vía de la reclamación en los tribunales de los peajes pagados desde el 2013.
Los abogados Diego Maraña, Carlos Cenalmor y Antonio Heredero, representantes de En-Colectivo, ven posible que el Gobierno de España trate de evitar la anulación de la concesión, pues se vería abocada a hacer frente a reclamaciones millonarias de Audasa y otras concesionarias si se extienden las denuncias. Pero avanzan que, si no son aceptadas las alegaciones que presente el Estado y este no asume después lo que determine Bruselas, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha determinado en un caso de Italia la ilegalidad de las ampliaciones de las concesiones superiores a 150.000 euros que no sean sometidas a un nuevo concurso público, el que entre en juego con una sentencia de obligado cumplimiento. De no ejecutarse esa sentencia, el mismo tribunal fijaría, a instancias de la Comisión Europea, la imposición de sanciones diarias «muy elevadas» hasta que se repusiera la legalidad.
«El Estado no va a tener razones para alegar», estima el abogado Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure, ya que mantiene que el incumplimiento de la normativa comunitaria ha sido «muy flagrante». «La decisión de la Comisión marca un antes y un después en la aplicación del derecho comunitario a las Administraciones», incidió el letrado.
La demanda presentada ante Bruselas deja fuera la primera de las prórrogas otorgadas a Audasa, la del Gobierno de Adolfo Suárez, que llevó el fin de la concesión del 2012 al 2013. En 1977, año en el que la aprobó el entonces ministro Joaquín Garrigues Walker (UCD), España aún no era miembro de la UE y por lo tanto no estaba sujeta a la directiva que obliga a sacar a concurso cualquier ampliación en una concesión pública. Las otras dos prórrogas, la de 10 años que firmó José Borrell (PSOE) y la de 25 más que visó Rafael Arias Salgado (PP), son las denunciadas por En-Colectivo en el 2019 y que ahora han desatado todo un terremoto político y administrativo. Audasa no quiso valorar la decisión de la Comisión.
«La Comisión Europea deja claro que se ha producido un cobro indebido de peajes a los usuarios de la AP-9, que no se pueden seguir cobrando y que en base a este dictamen Galicia podrá colocarse en línea con las demás comunidades autónomas en las que se han eliminado los peajes mientras aquí se pretendía seguir cobrando hasta el 2048», mantiene Diego Maraña, abogado y presidente de En-Colectivo. Avanza que preparan ya una demanda similar contra las prórrogas que prolongaron a un total de 75 años la concesión de la autopista astur-leonesa AP-66 (Campomanes-León).
