La Xunta advierte que el Gobierno podría multar a los concellos sin contenedor marrón

Cristina Viu Gomila
Cristina Viu CARBALLO / LA VOZ

GALICIA

Martina Miser

La conselleira de Medio Ambiente dice que las sanciones pueden ser de cien mil euros

28 may 2022 . Actualizado a las 07:25 h.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aprovechó ayer un acto en A Laracha sobre la recogida selectiva de la basura orgánica para asegurar que la Xunta no sancionará a los concellos que no tengan este servicio hasta diciembre del 2023, aunque advirtió que el que sí puede sancionar es el Gobierno central.

La conselleira explicó que el 8 de abril se publicó la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En el artículo 25 se establece que todos los municipios de más de 5.000 habitantes deben tener implantado el contenedor de la quinta fracción antes de que acabe el mes de junio. En Galicia son 113, pero solo cinco podrán zafarse si el Gobierno central aplica las multas que fija el texto, que pueden llegar a 100.000 euros.

La norma nacional entra en conflicto con la redactada por la Xunta, que prácticamente calca la directiva europea y coincide con ella en fijar el límite al final del próximo año.

El Gobierno gallego hizo sus planes teniendo en cuenta ese plazo y está construyendo o adaptando plantas de transferencia a menos de 50 kilómetros de cada concello, obligado al reciclaje de la materia orgánica.

«Non podemos lexislar para incumprir», afeó Vázquez al Ministerio de Transición Ecológica, pues resulta imposible que en poco más de dos meses se pueda realizar una recogida selectiva de biorresiduos, sobre todo teniendo en cuenta que ahora solo la tienen A Laracha, Carballo, Cerceda, Santa Comba y Cabana de Bergantiños. La ley nacional deposita en los ayuntamientos la responsabilidad de separar la basura orgánica de origen doméstico. Solo los concellos de menos de 5.000 habitantes podrán esperar hasta el 31 de diciembre del 2023 para tener esa prestación.

La conselleira dejó claro que la Xunta obligará a los concellos a cumplir con la directriz europea, pero no lo hará con la ley nacional. Recordó que se están invirtiendo 60 millones «na estratexia de biorresiduos» y que ya está en construcción la planta de compostaje de Cervo, en la provincia de Lugo, y en fase de licitación las de Ourense y Pontevedra.