Rueda subraya que Galicia tiene su propia política fiscal y niega que reciba instrucciones de Feijoo

Xosé Vázquez Gago
X.G. SANTIAGO

GALICIA

Sandra Alonso

El presidente dice que no se siente presionado por las rebajas de otros dirigentes populares

22 sep 2022 . Actualizado a las 16:53 h.

Galicia tiene una «senda fiscal propia» y la Xunta tomará siempre las decisiones en materia de impuestos partiendo del interés de los gallegos. Ese fue el mensaje que transmitió hoy Alfonso Rueda, en respuesta a las preguntas sobre si ha recibido instrucciones de su predecesor, Alberto Núñez Feijoo, para eliminar el impuesto de patrimonio o si se siente presionado por las rebajas fiscales anunciadas por los presidentes de Andalucía y Murcia, Juanma Moreno y Fernándo López Miras, ambos del PP.

Los resultados de esa «senda fiscal propia», añadió, han sido rebajas fiscales por valor de 1.200 millones desde el 2009. Entre ellas destacó que el 99,9 % de los gallegos está libre del tributo de sucesiones y que el patrimonio ya está bonificado en un 25 %. El año que viene está prevista la equiparación de las familias con dos hijos a las numerosas en el pago del IRPF y una reducción del 9,4 % al 9 % en el primer tramo del IRPF.

El presidente gallego ha señalado que el 99,9 % de los gallegos está exento del impuesto de sucesiones, que el impuesto de patrimonio está bonificado en un 25 % y que el próximo año se equipararán en cuestiones fiscales las familias con dos hijos a las que tengan tres, es decir, a las numerosas.

Rueda recordó que el próximo martes comparecerá en el Parlamento gallego a petición propia para adelantar las líneas básicas de los presupuestos del 2023, y señaló que las decisiones fiscales deben incluirse en las cuentas. 

Aunque no descartó algún anuncio en esa materia, el titular de la Xunta subrayó que «non nos sentimos influidos polo que faga ninguén, senon polo que convén aos galegos». Además, aunque defendió las bajadas de impuestos como línea política general, subrayó que esas rebajas deben acompasarse para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.