Alcaldes socialistas rechazan la subida del 9 % en la AP-9 y apremian al Gobierno a que amplíe los descuentos
GALICIA
Censuran la «agresión á economía» que supondrán esos precios a partir de enero, mientras Alfonso Rueda urge al ministerio a rectificar esa «decisión política». El BNG advierte sobre un «novo sablazo ás economías familiares»
17 nov 2022 . Actualizado a las 13:31 h.La histórica subida de los peajes de la AP-9 para el próximo año ha hecho alinearse al Gobierno gallego con los partidos de la oposición y con los alcaldes por los que transcurre esa vía, sean del color que sean. Con matices, eso sí, en el fondo hay un rechazo frontal a este incremento. Desde la Xunta se califica como una «decisión política», y se contrapone ese aumento a la congelación en las autopistas de titularidad autonómica. El PSdeG recuerda la última prórroga de la concesión con los populares en el Gobierno central. Y el BNG apunta directamente a la concesionaria, Audasa, acusándola de «aproveitarse da crise de prezos para seguir facendo caixa».
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió ayer que la subida de los peajes de la AP-9 llega «no peor momento posible». Reclama al Gobierno que rectifique la medida, afirma que «aínda está a tempo de facelo», y la define como una decisión política. «Cando máis tiña que baixalas decide subilas», resumió el presidente del Ejecutivo gallego, que contrastó el incremento en la autopista de Audasa con el mantenimiento de las tarifas en los viales de titularidad autonómica. «Asumimos nos Orzamentos esa medida para non repercutila nos usuarios», destacó, y advirtió a la Moncloa que, «se se quere, pode facerse». Rueda lamentó que el Gobierno no tuviese en cuenta las peticiones de la Xunta ni de los propios usuarios.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó a Audasa de tener unos beneficios «millonarios» con una concesión que está «requeteamortizada». «Non se pode aproveitar a crise de prezos para que Audasa siga facendo caixa», añadió, e instó al Ministerio de Transportes a no aceptar esta subida de los peajes, que significaría «un novo sablazo ás economías familiares». «É indecente que Audasa queira aumentar os beneficios aproveitando esta crise, un despropósito», subrayó. Desde el Congreso, el diputado Néstor Rego demandó al Gobierno que, además de frenarlo, asuma el 1 % por las obras de Rande.
El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, manifestó que está «totalmente en contra de penalizar aos usuarios das autoestradas». El diputado aludió a la petición unánime de la Cámara autonómica para solicitar la transferencia de la titularidad de la AP-9, «adiada de forma reiterada e flagrante polo PP cando gobernaba». Acusó también a los populares de prorrogar 40 años la concesión, «unha decisión que condicionou o futuro e sen a cal a AP-9 hoxe sería pública».
Las grandes ciudades gallegas por las que pasa la autopista están gobernadas, salvo Pontevedra (BNG), por el PSOE; es decir, coinciden en color político con el Gobierno. Pero no les ha sentado nada bien la subida y reclaman a Madrid que actúe. «Parécenos lamentable que nas actuais circunstancias a empresa concesionaria aplique unha suba tan desmedida á peaxe», dijo Inés Rey. «É unha agresión á economía dos galegos e galegas», protestó la alcaldesa de A Coruña, que considera que la AP-9 «tiña que ser gratuita».
Mientras el alcalde de Vigo guarda silencio, los regidores de Ferrol y Santiago coinciden en que el Ejecutivo deberá extender las bonificaciones que ya aplica para paliar los efectos de la inflación. «Evidentemente, é unha suba moi elevada. Espero que se poida atopar unha fórmula», expuso Xosé Sánchez Bugallo, que aludió a la exención de peajes en el resto de las autopistas de la misma época en el resto del Estado. Su homólogo ferrolano Ángel Mato, se acordó de las prórrogas a la concesión. «El incremento de los peajes nunca es una buena noticia, pero su alcance también depende de las políticas para compensar a los usuarios», añadió.
Para el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, esta subida «demostra que, mentres non teñamos unha AP-9 galega, pública e sen peaxes, estamos vendidos e sometidos a unha sangría permanente». «O Goberno —añadió el regidor de Pontevedra— ten que garantir que non se faga efectiva».
El alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, Alberto Varela, también socialista, reprochó a los Gobiernos anteriores del PP que «cometeran o erro reiterado de ampliar a concesión». Su compañera de partido, María Barral, regidora en Betanzos, abogó por la congelación: «En una situación económica como la que tenemos entendemos que hay que ayudar a que la movilidad sea efectiva y cualquier decisión que no sea reducir el peaje o su supresión no es buena».
En la misma línea, su colega Enrique Cabaleiro, de Tui: «Es una subida desproporcionada y muy negativa para la movilidad de la industria y los trabajadores en el área de Galicia-Portugal», decía el socialista. El regidor de Pontedeume, también de ese partido, era claro: «No compartimos esa subida, nosotros defendemos los intereses de nuestros vecinos, cuando gobiernan los nuestros y cuando no», apuntó Bernando Fernández.
Desde otro concello afectado, el de Ribeira, su alcalde también miraba a Madrid: «El precio depende de una decisión política del Estado. Si quiere bonificarlo, lo bonifica», decía Manuel Ruiz, del PP. Para Leticia Santos, alcaldesa de Moaña por el BNG, «existencia dunha autoestrada que vertebra o noso país de norte a sur, e da que non hai alternativa, non podería ser privada en ningún caso». Desde Mos, Nidia Arévalo, del PP, se sumaba a las críticas: «Caminamos hacia atrás, justo cuando lo que necesitamos en esta zona es que se libere de peaje la autopista para que se utilice como nueva y más rápida entrada a Vigo para mercancías y trabajadores». Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño, lo valoraba de forma rápida: «Es una subida impresionante y sin sentido. La sociedad nos aprieta para que no subamos impuestos, y la concesionaría le van a permitir una enorme».
También respondió la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que evidenció su malestar y reclamó a la vez que la subida no afecte a la AP-53 entre Santiago y Lalín, que, expuso, carece de bonificaciones (en la AP-9 hay descuento en la vuelta si se tiene telepeaje). Precisamente el alcalde de Lalín, José Crespo (PP), calificó de «insoportable» la actualización de los precios en una autopista «que xa é prohibitiva, pero que o será aínda máis». El socialista Manuel Cuíña, de Silleda, incluso anima a boicotear su uso: «O que deberiamos facer todos é deixar de utilizala».
Con información de las delegaciones de La Voz de Galicia
