Los letrados de Justicia dicen que harán falta al menos cuatro meses para recuperar los retrasos causados por su huelga
GALICIA
Son miles los procedimientos suspendidos, entre juicios, vistas o comparecencias, desde que comenzó el paro el pasado 24 de enero
07 feb 2023 . Actualizado a las 21:04 h.Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) aseguran que la huelga indefinida que están manteniendo desde el 24 de enero aseguran que se necesitarán «un mínimo de cuatro meses de trabajo» para recuperar el retraso causado por las casi dos semanas de paro laboral.
El comité de huelga estima en cien mil los juicios y vistas suspendidos en el conjunto de España desde que empezó el paro. En Galicia, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia está causando graves perjuicios a los ciudadanos por la suspensión de miles de procesos, entre juicios, vistas, comparecencias o bodas. El paro también afecta a los Registros Civiles y los LAJ en huelga no tramitan el pago de indemnizaciones o de multas, por lo que en los juzgados gallegos permanecen bloqueados más de 5.000 millones de euros.
Abogados y procuradores ya han mostrado su preocupación por las consecuencias de esta huelga, que está causando graves daños «a unha Administración de Xustiza xa maltreita logo da folga do ano 2018 e da pandemia». «As consecuencias desta folga son incalculables», advierten desde el Consello da Avogacía Galega. En el caso de Galicia el problema es más grave, ya que se acumulan retrasos en los juzgados desde la huelga de tres meses convocada por los funcionarios en el 2018.
El Consejo General de la Abogacía reclamó este martes un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los convocantes de la huelga ante el «daño desproporcionado» que la huelga está causando a la ciudadanía, con miles de vistas suspendidas en los juzgados. La Abogacía considera que «la materialización del derecho a la huelga no debe menoscabar otros como el derecho de defensa y el derecho de acceso a la Justicia». Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia convocantes de la huelga indefinida que sostienen que la huelga tiene un seguimiento del 80 %, mientras que el Ministerio de Justicia cifra la participación en menos de un 30 %.
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas desde el 2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas legislativas», en especial la de 2015, que según denuncian ha provocado un «insoportable desequilibrio». Los convocantes del paro señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre del 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las reformas procesales».
Antes de que empezara la huelga, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar». Rodríguez incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tiene sentido», puesto que el ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores. La semana pasada, en unas declaraciones en Zaragoza, el secretario de Estado pidió a los LAJ «que se den cuenta del daño que están haciendo» con la huelga que mantienen. Asimismo, consideró que es una «casualidad» que los paros indefinidos se hagan esta semana y en este año, pese a que, según los propios trabajadores «llevan muy cabreados desde el 2009».
«El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos», apuntó Rodríguez, señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años.
Al margen de esas declaraciones, la pasada semana el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son «una pieza esencial» del Poder Judicial y expresó su «confianza» en que las negociaciones con el ministerio «puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio».