Los letrados quieren cobrar 1.100 euros más al mes para poner fin a la huelga, según el Ministerio de Justicia
GALICIA
Los funcionarios dicen que esa cifra es «inventada por el ministerio», al que acusan de filtrar el contenido de las negociaciones
01 mar 2023 . Actualizado a las 09:25 h.Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) reclaman un aumento de sueldo de unos 1.100 euros al mes, lo que supondría un incremento salarial de unos 14.000 euros al año. «Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario, sino para el conjunto de la sociedad», según explicó el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, horas después de reunirse este martes con los letrados judiciales en el que es el cuarto intento de negociación para poner fin a la huelga iniciada por los LAJ el pasado 24 de enero.
El secretario general justificó así el fracaso de las cuatro reuniones mantenidas con los letrados en los últimos diez días. Explicó que si se atendieran las reclamaciones de los letrados, «supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes», con lo que el montante total supondría un desembolso para la Administración de Justicia de casi 61,5 millones de euros, «más de lo que se destina al Servicio de Justicia Gratuita en España». El secretario general acusó a los LAJ de falta de interés en llegar a un acuerdo al asegurar que «el comité no ha barajado en ningún momento cesar la huelga como un gesto de voluntad negociadora». De todas formas, el alto cargo del ministerio hace un llamamiento «para evitar mayores perjuicios a los ciudadanos y anteponer sus intereses a los meramente económicos mostrados hasta el momento por los huelguistas».
Desde el Ministerio de Justicia aseguran que ya se ha aprobado una subida retributiva para el colectivo de los letrados superior al 14,5 % en los últimos tres ejercicios. Esa subida se hizo con carácter retroactivo y los LAJ ya la están percibiendo sus nóminas. Añaden las mismas fuentes que «ninguna de las propuestas planteadas por el comité de huelga alude a mejoras en el Servicio Público de Justicia, centrándose únicamente en reclamaciones retributivas».
En su propuesta, el Ministerio de Justicia afirma que ha ofrecido subidas salariales para un total de 1.906 letrados pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que alcanzan los 5.000 euros al año en más de 700 casos. «Esta propuesta ha sido rechazada reiteradamente por el comité negociador», afirman desde Justicia. Añaden además que los letrados «no han modificado su postura ni realizado cesión alguna, persistiendo en su objetivo de solicitar cobrar el 85 % de lo que perciben los jueces». Ese es el aspecto conocido como cláusula de enganche, una medida que reclaman los letrados desde el comienzo de la huelga indefinida.
Filtración de las negociaciones
No ha sentado nada bien a los letrados judiciales la filtración de datos de las negociaciones y acusaron al Ministerio de Justicia de «incumplir el único acuerdo que se había alcanzado hasta ahora, que era guardar reserva sobre el contenido de las conversaciones». Pero también dicen que miente, y que la cifra de 1.100 euros «es inventada directamente por el ministerio y que no se corresponde para nada» con las peticiones de los letrados. El gallego Juan José Yáñez, que forma parte del comité negociador, asegura que «ni siquiera el compañero que se viese más beneficiado se acercaría a esas cifras».
El comité de huelga sostiene que el ministerio da «una visión manipulada de las negociaciones». Solicitó «pasar a usar luces y taquígrafos» en las reuniones, pero que el secretario general se negó «manifestando que eso era perjudicial para las negociaciones». Al conocer la filtración de la subida salarial pedida por los letrados, estos sostienen que se ha comprobado que Manuel Olmedo «mentía y solo pretende dinamitar las negociaciones».
Los letrados aseguran que sus posturas parten de los acuerdos alcanzados en abril del 2022, pero que en las reuniones no llegaron a cuantificar las cantidades que supondrían al mes, según explica Yáñez. Dicen que hasta nueve de sus propuestas no tenían contenido económico y que la oferta de Justicia respecto al pago en función de los grupos de población es diferente a la de abril, de forma que solo se refiere a un tercio de los LAJ, y a la mitad de ellos solo les supone diez euros al mes.
Los letrados quieren negociar con la ministra
Mientras, los letrados acusan al Ministerio de Justicia de no querer negociar y de «persistir en el destrozo de la Justicia». Aseguran que «el Gobierno no tiene intención alguna de solucionar la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y persiste en el bloqueo al servicio público y en el perjuicio a los ciudadanos».
Fuentes del comité de huelga recuerdan que han acudido este martes a una cuarta reunión con el ministerio presentando una nueva propuesta de resolución «y se ha vuelto a encontrar con la cerrazón y el inmovilismo ministerial». Aseguran que les han cambiado el marco negociador «y pretenden que la negociación continúe por escrito. Si lo que el gobierno pretende es evitar a los medios de comunicación, pinchan en hueso, ya que informaremos cumplidamente de las graves consecuencias de la actitud ministerial».
Los letrados dicen que el equipo negociador actual del ministerio no tiene capacidad para llegar a acuerdos, por lo que exigen que sea la ministra de Justicia la que se ponga al frente de las negociaciones. «Por increíble que le pueda parecer a la opinión pública, Pilar Llop sigue sin ponerse al frente de este grave conflicto, prefiriendo visitar queserías». Aseguran que el Gobierno hace caso omiso del mandato del Congreso de los Diputados, de las comunidades autónomas, de los operadores jurídicos, de los profesionales y de los ciudadanos, «que instan a que se alcance un acuerdo satisfactorio que permita recuperar la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales».
Retraso acumulado de dos años
El comité de huelga sostiene que está en la obligación de «denunciar ante la opinión pública el destrozo que está ocasionando el ministerio en la Administración de Justicia, con el beneplácito del Gobierno, es de dimensiones mayúsculas, previéndose ya un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales, con el consiguiente coste económico en planes de recuperación. La inacción e intransigencia ministerial le va a costar el dinero a todos los españoles».
