Una sucesión de conflictos lleva a la Justicia a una de sus peores crisis
GALICIA
El ministerio de Pilar Llop ha tenido que afrontar ya dos huelgas este año. Ahora intenta evitar la de los jueces y fiscales
04 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.«Algún día la Justicia colapsará». Esa predicción del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, al presentar la memoria de los juzgados andaluces, resume el ambiente de conflictividad que se vive en el ámbito judicial en España. La situación es delicada, no solo por los problemas coyunturales derivados de las huelgas que acechan al departamento de la ministra Pilar Llop, sino también porque se arrastran defectos estructurales a los que es necesario «poner remedio cuanto antes», como reconocía en Santiago el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, tras la huelga de los letrados judiciales. La propia ministra admitió ese «problema estructural, que viene de hace muchos años» y al que Pilar Llop sumó «la gran litigiosidad existente con asuntos cada vez más complejos».
Paradójicamente, el sector judicial está inmerso en una complicada crisis justo cuando este Ministerio de Justicia se encuentra liderando un proceso de transformación que pretende sentar las bases de lo que será la Justicia del futuro. Las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital que está tramitando el equipo de Llop plantean una Justicia modernizada que aseguran que tendrá muy poco que ver con la que conocemos ahora. Mientras, los conflictos se suceden en el ámbito jurídico con huelgas y movilizaciones, desde los letrados judiciales a los funcionarios del cuerpo general de Justicia, los jueces, los fiscales, abogados del turno de oficio...
¿Desde cuándo se arrastran los problemas de la Justicia?
Aunque los problemas estructurales de la Justicia en España se arrastran desde hace años y afectaron a Gobiernos de distintos signo, lo cierto es que esta legislatura está siendo especialmente conflictiva para el Ejecutivo socialista. Y este año se lleva la peor parte. A finales de enero, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), unos altos funcionarios hasta ese momento prácticamente desconocidos para el público en general, iniciaron una huelga para exigir la actualización de sus salarios, un compromiso pendiente desde los recortes de la crisis económica. Ese paro duró dos meses y puso patas arriba la estructura judicial porque pronto se supo de la influencia de estos funcionarios en el día a día de juzgados y tribunales. Su protesta lo paralizó todo y ellos mismos exhibieron su fuerza ante el ministerio y popularizaron la frase de que «sin los LAJ nada se mueve en los juzgados».
¿Qué consiguieron los letrados judiciales con su huelga?
Lo peor es que los letrados judiciales tenían razón y no se movió nada en los juzgados. Su huelga suspendió miles de juicios en toda España, bloqueó expedientes, demandas, conciliaciones, recursos y cobros de pensiones. Además, puso en riesgo el trabajo de muchos abogados y procuradores y dejó a los ciudadanos sin el amparo judicial que les concede la Constitución. Los LAJ no lograron todo lo que pedían, pero con su presión sobre el ministerio sí consiguieron una subida media de 450 euros al mes. Fue esta la mecha que prendió el fuego de la conflictividad judicial. Detrás vinieron otros colectivos también afectados por los recortes.
¿Cuáles son las demandas de los funcionarios que ahora están en huelga?
Los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia reanudarán hoy sus protestas con una manifestación frente al ministerio que dirige Pilar Llop para reclamar «la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa y mejoras retributivas». El pasado 17 de abril iniciaron una serie de paros parciales, pero ahora anuncian jornadas completas de huelga tres días a la semana. Los sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT) dicen que la posición del Ministerio de Justicia, de negar cualquier subida retributiva, provocó la «indignación del colectivo, que constituye más del 90 % del personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales». Ese malestar surge por lo que consideran «una discriminación inaceptable» respecto a otros colectivos judiciales y ya anuncian partos totales para los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de este mes de mayo. Amenazan con huelga indefinida si no se atienden sus reivindicaciones. Los convocantes dicen que el ministerio no reconoce «la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y de medicina forense) ni sus funciones reales».
¿Aumentarán los retrasos judiciales por culpa de los paros de este año?
Indudablemente, porque son miles los juicios y otros procedimientos que han sido aplazados y a los que habrá que encontrar encaje en un listado ya bastante completo de causas pendientes. Lo que no se sabe con certeza es el tiempo que tardarán esos asuntos suspendidos en encontrar día y fecha para ser atendidos. Las fuentes consultadas dan por perdido este año para lograr la recuperación de los casos afectados por la huelga de los letrados judiciales. Y lo argumentan en el hecho de que otra huelga, la de los funcionarios del cuerpo general de Justicia, ha impedido hasta el momento el inicio de los planes de recuperación sobre los que trabajan el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y los tribunales superiores. Por supuesto, nadie quiere oír hablar de una posible huelga de jueces y fiscales. Eso sí que agrandaría el caos en un momento de máxima dificultad para la Administración de Justicia.
¿Como afecta a Galicia la conflictividad judicial?
No se sabe exactamente de qué forma repercutirán los últimos conflictos en los juzgados y tribunales de la comunidad. Galicia tiene experiencia en la recuperación de la actividad judicial porque ha tenido que levantarse después de una dura huelga de tres meses convocada por los funcionarios contra la Xunta en el año 2018. Después de eso vino la suspensión de los plazos procesales debido a la pandemia del coronavirus y, por último, el paro de dos meses de los letrados judiciales.
