Jueces y fiscales, cerca de un acuerdo del que se alejan los funcionarios

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Representantes de los funcionarios de Justicia se concentraron este jueves ante la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña.
Representantes de los funcionarios de Justicia se concentraron este jueves ante la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña. PAULA FABEIRO

Los primeros analizan la propuesta económica que les ofreció el Gobierno mientras los segundos se sienten discriminados y endurecen su protesta

05 may 2023 . Actualizado a las 11:28 h.

La reunión de jueces y fiscales con los representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda en la mesa de retribuciones parece que fue mejor de lo esperado. Es pronto aún para confirmarlo, porque las asociaciones de jueces y fiscales van a dedicar las próximas horas a estudiar la propuesta económica del Gobierno y a consultarla con sus asociados. Pero el ambiente que se respira es de optimismo, de un acercamiento de posturas de cara a la segunda cita en el Ministerio de Justicia, prevista para el lunes. La oferta económica para actualizar las retribuciones de jueces y fiscales supera los 44 millones de euros, según fuentes conocedoras de las negociaciones. En lo que se trabaja ahora en buscar la fórmula en la que se distribuiría ese dinero y cómo se llevaría a la práctica, habida cuenta de la variedad de salarios que tienen estos profesionales de la Justicia en función de los destinos, las guardias y otros complementos.

El ministerio de Pilar Llop está intentando buscar a un acuerdo y evitar así la huelga de jueces y fiscales, ya convocada para el día 16 de mayo por cinco de las asociaciones de jueces y fiscales. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió ayer a este conflicto al asegurar que la voluntad de negociación de su Ejecutivo «es absoluta», a la espera de la respuesta de jueces y fiscales a la propuesta económica.

El ambiente es totalmente distinto respecto al otro conflicto que tiene sobre la mesa el Ministerio de Justicia, con una huelga total de los funcionarios de los cuerpos generales. Este colectivo ve una clara discriminación en el trato que les ofrece el ministerio en comparación con el que recibieron los letrados judiciales y los jueces y fiscales. Ahora, los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT acusan de «clasismo» al ministerio y amenazan con una huelga indefinida si no reciben una oferta económica como la firmada con los letrados o la planteada a jueces y fiscales. Los funcionarios ya han aumentado la presión al pasar de unos paros parciales a jornadas completas de huelga que comenzaron ayer y que seguirán los días 9,10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.

Discriminación y clasismo

«En el Ministerio de Justicia las políticas de personal y retributivas se desarrollan con absoluto clasismo», dijo ayer Luis Calero, de CC.OO., durante la protesta en Madrid frente a la sede del ministerio. Dijo que el trabajo en la Justicia se desarrolla en equipo, pero «solo a una pequeña parte del colectivo, precisamente la más privilegiada», se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas, en referencia a jueces, fiscales y letrados judiciales.

Las reclamaciones de estos trabajadores supondrían unos 200 millones de euros anuales a repartir entre los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, para los que piden subidas mensuales de entre 350 y 430 euros brutos, en función de la categoría profesional.

«Hai moita desproporción, trátannos como a funcionarios de segunda»

La huelga de funcionarios está teniendo una escasa incidencia en Galicia (ayer tuvo un seguimiento del 8,5 %, según la Xunta), en parte porque tras el gran paro del 2018 los trabajadores consiguieron acuerdos económicos satisfactorios con la comunidad. De todas formas, las reivindicaciones de esta huelga les afectan porque ellos son un cuerpo nacional pese a que las competencias en Justicia estén transferidas. Ayer hubo movilizaciones en Galicia, informa Alberto Mahía. En A Coruña, Enrique Araújo, portavoz del STAJ, dijo que no se reconocen sus funciones. «Páganlle aos directivos sen pagar a quen traballa. É unha burla cos funcionarios. Traballamos nas mesmas oficinas que letrados, xuíces e fiscais. Non pode haber unha desproporción tan grande. Trátannos como funcionarios de segunda».

Desde UGT, Manuel Díaz critica las negativas del ministerio a sus reivindicaciones: «Lamentamos a negativa a negociar coas centrais sindicais presentes no comité de folga». Dijo que las retribuciones del funcionariado están congeladas desde el 2003. «Nalgúns complementos cobramos menos que hai 20 anos», asegura el sindicalista. Díaz recordó que la situación afecta a todos los operadores de la Administración de Justicia: «Todos sufrimos a falta de medios e de persoal, pero o problema terase que solucionar de maneira global para todos, especialmente para nós, que asumimos o 95 % do peso do traballo».