La ley del litoral pasa sin enmiendas a la totalidad pese a las críticas del Gobierno central
GALICIA
El Ejecutivo de Pedro Sánchez equiparó la normativa a una «declaración de independencia»
10 jun 2023 . Actualizado a las 12:40 h.Las dudas del Gobierno central sobre el encaje en la Constitución de la nueva ley del litoral de la Xunta no se han reflejado por ahora en el trámite parlamentario de la normativa. Fuentes del Ejecutivo gallego han confirmado que la ley ha pasado el trámite de enmiendas a la totalidad del texto sin que el PSOE o el BNG hayan presentado alguna.
Lo ocurrido contrasta con la postura del Gobierno central socialista, que ha insistido en que la norma choca con el marco legal vigente y con el estatuto de autonomía, y no ha descartado recurrirla ante los tribunales.
La advertencia más severa se produjo en enero, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó que la ley es «casi una declaración de independencia», y aseguró que en apariencia «la Xunta quiere sacar de la Constitución una materia que por sus competencias no puede hacer».
Las palabras de Morán causaron enfado en la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, reprochó al Ejecutivo que hablase en esos términos de la ley mientras guarda «silencio absoluto cuando en otros lugares de España se habla directamente de independencia».
El contraataque de la Xunta incluyó informes de sus servicios jurídicos y del Consello Consultivo en los que se concluía que, al contrario de lo que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez, no es necesario cambiar el Estatuto de Autonomía para que Galicia gestione su costa. La Xunta organizó incluso unas jornadas tituladas «Hacia una gestión integrada del litoral: la hora de Galicia», en la que expertos jurídicos debatieron sobre la cuestión. Participó un expresidente del Tribunal Constitucional, Juan José González, quien respaldó la postura del Ejecutivo gallego. La ordenación del territorio y del litoral son «piezas explícitamente reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia», afirmó.
La postura de los socialistas
La ley es material complicado para la oposición. El BNG y el PSOE han votado en el Parlamento gallego resoluciones favorables a que el Estado transfiera las competencias de gestión de la costa a la Xunta sin modificar el estatuto. En esas votaciones, el PSdeG expresó una opinión contraria a la que ha defendido el Gobierno central socialista.
La contradicción se hizo patente en abril. El secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, anunció que su partido respaldaría la ley. «Dende que asumimos a secretaría xeral, a defensa dos servizos públicos e dos intereses do tecido produtivo de Galicia está por riba de todo (...) Mesmo por riba do partido», afirmó.
Formoso recordó que la norma «pretende dotar a Galicia dunha ferramenta para preservar o litoral e o modo de vida das 40.000 persoas que dependen da cadea mar-industria», que aporta 9.000 millones al PIB de Galicia.
Su discurso era coherente con las votaciones en el Parlamento gallego y con la postura de numerosos alcaldes, de su partido y de otros, que llevan años quejándose de las dificultades que tienen para gestionar su costa.
Unas semanas más tarde, el nuevo delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, reiteró que la ley autonómica no garantiza la seguridad jurídica.
Rueda advirtió la contradicción entre ambos dirigentes. «Sei que unha cousa é o Goberna e outra o partido, pero hai unha incoherencia clarísima», afirmó.
Sin enmiendas a la totalidad todo indica que el PSdeG mantiene en el Parlamento el rumbo marcado por Formoso, y el posible recurso de inconstitucionalidad dependerá del Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio.
Un texto elaborado por juristas de la UDC con el objetivo de preservar el medio ambiente y la actividad en la costa
El Gobierno gallego anunció hace un año la redacción de la ley del litoral, con la que Galicia pretende asumir las competencias de gestión de la costa y conjugar el respeto a sus valores medioambientales con la actividad humana e industrial.
La decisión de redactar la ley se tomó después de años de conflictos con el Gobierno central por las concesiones en el litoral, de las que depende el sector mar-industria, uno de los más pujantes de Galicia. También pesaron los planes del Ministerio de Transición Ecológica para reducir al mínimo la actividad humana en el litoral, una política que, dada la configuración geográfica de Galicia, la Xunta considera un peligro para la comunidad.
La ley fue encargada al Observatorio del Litoral, una entidad formada por juristas de la Universidade da Coruña especializada en la legislación de la costa.
La normativa blindará el 70 % del litoral con la máxima protección, pero en el resto de ese espacio permitirá implantar actividades turísticas sostenibles —recuperando las sendas litorales— o la restauración de edificaciones tradicionales como locales de ocio, hostelería, culturales o de servicios. Según la Xunta, unos 300 edificios con valor patrimonial podrán encontrar así un segundo uso que los salve de la ruina, aunque deban mantener su configuración original.
Además, la ley dará seguridad jurídica al sector mar-industria, que podrá continuar en las zonas ya desnaturalizadas sin que sus inversiones se vean amenazadas por dudas sobre las concesiones.