Bruselas concede dos meses más a España para que explique la prórroga irregular de 25 años concedida a la AP-9
GALICIA
El Ministerio de Transportes no descarta que haya otro aplazamiento más al vencer el plazo en el mes de agosto
17 jun 2024 . Actualizado a las 13:37 h.El Gobierno de España dispondrá de dos meses más de plazo para argumentar ante la Comisión Europea los motivos por los que en el año 2000 se prorrogó la concesión de la autopista AP-9 hasta el 2048, incumpliendo los principios generales de igualdad de trato y transparencia por no haber sacado a concurso el período extra de gestión privada en el vial y la realización de las obras que supusieron la extensión de la infraestructura hasta Fene-Ferrol en el norte y hacia la frontera portuguesa en el tramo final en el sur.
El Ministerio de Transportes indica que dicho aplazamiento del 24 de junio al 24 de agosto está motivado por la necesidad de disponer de más tiempo para dar una respuesta a la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea, al no estar concluida de momento dicha argumentación. En primera instancia, el Ejecutivo español había manifestado que se trataba de un asunto resuelto por un Gobierno precedente, el de José María Aznar en el año 2000, y sobre todo, que la prórroga en la concesión que hizo que los peajes se vayan a prolongar durante 75 años, se hizo en favor de una empresa pública, con lo que no se favoreció a ninguna sociedad privada sobre otras. Eso sí, la AP-9 y todas las que formaban parte de la empresa pública Enausa fueron privatizadas solo tres años después por el mismo gabinete conservador.
El procedimiento abierto por Bruselas en septiembre del 2021 consistente en una carta de emplazamiento al Gobierno de España, dictamina que se incumplió el principio de igualdad de trato ante terceros, y no se dio publicidad previa a la decisión para que desde cualquier instancia se pudiese alegar en contra.
Fuentes de Transportes consultadas consideran posible que la respuesta que emita el Ejecutivo se vuelva a aplazar una segunda vez, al coincidir el final del nuevo plazo con el mes de agosto, en el que la Administración no cuenta con todos sus efectivos.
El relevo en la cúpula de la Comisión Europea fruto de las recientes elecciones comunitarias podría jugar a favor de ese posible nuevo plazo extra, en un asunto al que le puede quedar un proceloso recorrido en las instituciones europeas, incluida su corte de Justicia, a la que España podría apelar para tratar de evitar pagar a la concesionaria, Audasa, una cantidad que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, sitúa entorno a los 4.000 millones de euros en base a la deuda acumulada por la empresa, la amortización de la infraestructura pendiente y el lucro cesante que conllevaría un cese anticipado de la gestión privada en el vial.
El expediente abierto contra la Administración General del Estado española a cuenta de la AP-9 se ha hecho extensiva por la Comisión Europea también a la autopista AP-66 (León-Campomanes) que en lugar de los 25 años concedidos a Audasa contó con una prórroga de 29 años en favor de una empresa también del grupo Itínere, presente además en el accionariado de la tercera y última vía de pago en España junto a las dos anteriores con concesión por 75 años, como es la gallega AP-53 (Santiago-Dozón).