La Comisión Europea considera probado que antes de alargar la concesión ya se había decidido venderla
19 jun 2024 . Actualizado a las 18:28 h.La Comisión Europea no tiene ninguna duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una larga carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después cuando José María Aznar privatizó la autopista.
El Gobierno comunitario advierte que la excepcionalidad que siguió la Administración española, al prolongar el contrato sin concurso público ni publicidad previa alguna, exigía que a lo largo de toda la concesión no hubieran variado sus condiciones. Es decir, solo si Audasa hubiera seguido siendo pública Bruselas podría plantearse aceptar la tercera y más extensa de las prórrogas que han hecho que la AP-9 vaya a contar con peajes durante 75 años. El comisario Breton indica, tanto en el caso de la autopista gallega como en el de la astur-leonesa AP-66, que al abrirse en el 2003 un proceso de venta de la sociedad matriz de Audasa y Aucalsa, únicamente la publicación de una nueva licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas por el tiempo extra de contrato habría proporcionado un grado suficiente de publicidad en la UE a la operación. De esa manera podría haber optado cualquier sociedad y no solo ser aprovechada la prórroga por quien compró la concesionaria de ambas autopistas.
Un 10 % de valor a mayores
La misiva, que tuvo como destinatario al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se fija en el caso de la AP-66 para subrayar el aumento de valor que suponía aumentar su período de explotación, como ocurrió en la AP-9. Señala que el entonces Ministerio de Fomento estimó en 1999 que los 29 años añadidos en la autopista León-Campomanes agregaron un valor de 6.000 millones en precios actuales a la concesión, «más del 10 % del valor de la concesión inicial», especifica. «La prórroga cambió el equilibrio económico del contrato en favor de la concesionaria», advierte Breton.
La Comisión Europa considera incoherentes las explicaciones dadas hasta ahora por la Administración española sobre las prórrogas de las dos autopistas. Primero, porque eludió de entrada, a posta, argumentar que dicha medida se hizo sin favorecer a ninguna empresa privada —una sentencia europea sobre un caso similar en Italia no lo tuvo en cuenta— y segundo, porque considera evidente que el Gobierno español ya había decidido privatizar la gestión de las autopistas antes de alargar su vida como viales de pago. «El verdadero objetivo de la prórroga de las concesiones de la AP-9 por veinticinco años y de la AP-66 por veintinueve era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable». Bruselas ha detectado documentos de 1999 donde se avanza sobre el proceso de venta de la empresa matriz de las dos autopistas, cuatro años antes de que se privatizasen, anterior por tanto a que se prolongasen sus concesiones.