Las rebajas de peajes en la AP-9 costarán al Estado 3.150 millones, el 80 % de lo que costaría liberarla
GALICIA
Queda reservado para Audasa un escalado de pagos que parte de 82 millones el año que viene y llega a 240 al fin del contrato
29 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Audasa, concesionaria de la AP-9, cuenta desde ayer con la garantía oficial de unos ingresos de 3.149,7 millones de euros que recibirá de las arcas del Estado desde el próximo año hasta que venza su contrato de explotación de la autopista en el año 2048. La cifra milmillonaria fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros como suma de las partidas que en cada uno de los presupuestos generales del Estado de los próximos 24 años tendrán que reservarse obligatoriamente para garantizar a la empresa la compensación por las bonificaciones y rebajas aplicadas a los peajes de la autopista.
El acuerdo permite elevar ahora de un 20 a un 50 % las bonificaciones existentes para los usuarios que hacen 20 o más recorridos al mes por la AP-9 en vehículos ligeros, y el mismo porcentaje de descuento para todos los transportes pesados, independientemente de la cantidad de viajes realizados.
El Ministerio de Hacienda sometió ayer al Consejo de Ministros el cálculo realizado por la Dirección General de Presupuestos para añadir el coste de las nuevas bonificaciones a la partida abierta en el 2021. Si entonces la cifra reservada para Audasa era de 2.300 millones de euros, ahora se eleva en 850 más, para dar cumplimiento al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez alcanzado entre el PSOE y el BNG.
Una cantidad igual al importe ahora añadido es justamente la que restaría por agregar para rescatar la concesión de la autopista en su totalidad, hacerla pública y liberarla de peajes, siguiendo las cuentas planteadas en junio por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Según él, rescatar la AP-9 costaría 4.000 millones y transferirla a la Xunta otros 2.000 más, para dotarla de los fondos necesarios para su mantenimiento. Por tanto, el Gobierno ha separado oficialmente ya el 78,7 % de lo que calcula que costaría indemnizar a Audasa por zanjar su concesión.
El compromiso adquirido ayer en la reunión del Ejecutivo se refleja en una reserva de fondos que crece de manera exponencial desde los 81,6 millones de euros que calcula se pagarán a Audasa en el 2025 para cubrir las bonificaciones y rebajas aplicadas a los usuarios de la AP-9 en ese ejercicio. Para el año siguiente sube la partida a 90,6 millones, y pasa el centenar, en concreto a 106,1 en el 2028, siguiendo los cálculos de Hacienda. Al cabo de los diez primeros años, la cifra anual a pagar a habrá crecido en 66 millones, sumando en ese parcial 1.146,5. La factura del Estado con Audasa superará los 200 millones para el ejercicio del 2043, y llegará incluso a 240 millones en el último año completo de la concesión, el 2047, para cerrar los siguientes siete meses y medio de la concesión con 219 millones más.
Sobraría, según Xunta y BNG
Los 3.149,7 millones aprobados para las bonificaciones de la AP-9 no alcanzarían por completo para rescatar la concesión según los cálculos de Transportes. Pero sí, y de sobra, con los realizados para la Xunta en septiembre por la consultora Eptisa. Esta cifró entre 1.612 y 2.355 millones el coste del rescate, una horquilla que varía en función de la fórmula de cálculo de la indemnización a Audasa por su lucro cesante.
Sería, en el peor de los escenarios, 795 millones menos del gasto recién dispuesto por el Gobierno para las bonificaciones. Mucho más sobraría, incluso, si se toma como referencia el estudio que con el mismo fin hizo la Universidade da Coruña este año para el BNG, ya que estimaba que zanjar la explotación privada de la AP-9 no supondría desembolsar más de 904,7 millones. Y aún habría que pagar menos si se toman los cálculos hechos por el economista y diputado de Sumar, Manuel Lago, que manejó la valoración de 1.300 millones en los que se llegó a tasar la empresa matriz de Audasa para estimar que esta tiene un valor de unos 700 millones de euros. Lago, precisamente, fue uno de los primeros que advirtió en su etapa de parlamentario en Galicia que el pago de las bonificaciones hasta el final de la concesión se convertiría en una suerte de financiación y garantía de negocio para la concesionaria, por lo que requería el rescate de la autopista como vía de ahorro para sus usuarios y las arcas públicas.
Las nuevas bonificaciones a las que se les dio ayer respaldo legal y contable tendrán que ser aprobadas en un real decreto de nuevo por el Consejo de Ministros, trámite que podría hacer coincidir con el visto bueno a las tarifas del 2025, que se estima que se incrementarán en el caso de la AP-9 en alrededor de un 5 %.
El BNG se congratuló ayer de la aprobación de la dotación económica de las nuevas bonificaciones, remarcando el valor de su escaño tanto en el Congreso como en el Senado. Subraya que se trata de uno de sus acuerdos con el PSOE, que contenía también el compromiso de extender durante el 2024 todos los descuentos de la AP-9 a la AP-53 (Santiago-Dozón), materia sobre la que no hay novedades.